La inútil veda

De un lado a otro de la geografía nacional los gobiernos se aletargan, se ponen en modo de espera y en ocasiones hasta hibernan mientras pasa la veda impuesta por la ley para permitir que las autoridades electorales difundan una consulta de revocación de mandato que congela un estado de cosas hasta el 10 de abril.

En el caso del Presidente y su gabinete se entiende la necesidad de la veda, pero ¿por qué extenderla a estados y municipios?

Desde Guasave, en Sinaloa, hasta Victoria en el Golfo de México, desde Mérida hasta Tijuana, los gobiernos municipales se alentan y, ante la duda, mejor se abstienen y guardan sus cartas hasta que pase la veda.

Para peor, en seis estados donde habrá renovación de gobiernos estatales, congresos y presidencias municipales, la veda por la revocación se empalmará con la de campañas electorales. Una termina el 10 de abril, la otra inicia el 3 de abril, así que desde febrero hasta el 5 de junio la vida política en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo quedará en un limbo que va más allá de lo que ordena la ley.

Cierto que la veda tiene origen constitucional y que la Ley Federal de Revocación de Mandato manda que “durante el tiempo que comprende el proceso… desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.

Es decir, los legisladores incluyeron a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la prohibición. 

¿Qué implicaciones tiene esta veda? Pues que durante la vigencia de la misma casi ningún funcionario se anima a declarar en público, además de la suspensión de todo tipo de publicidad oficial, a pesar de que se permite aquella que tiene que ver con salud, educación y protección civil, en la práctica los funcionarios prefieren abstenerse, para evitar caer en una infracción y exponerse a una sanción.

La paradoja es que tampoco se permite la difusión en medios en favor o en contra de la revocación al señalar la ley que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión. 

Por si fuera poco, el INE optó por denominar veda solo al periodo de reflexión que en el pasado abarcaba los tres días previos en que debía suspenderse por completo la difusión de actos de campaña, y al resto del tiempo se le denominó suspensión de propaganda.

Así que en los municipios prefieren abstenerse y quitarse de problemas. No sea que alguna queja los vaya a llevar ante el Tribunal Electoral y acaben sancionados, por eso, mejor la parálisis.

Lo peor del caso es que la veda se asume con naturalidad, como si no afectara el desarrollo y la tarea de los gobiernos locales. No es un tema que se lleve a la discusión ni que preocupe más que a unos cuantos. Así que ese estado de cosas permanecerá mientras no haya algún legislador que promueva un cambio en esa legislación.