Hay que repetirlo mil veces para que se entienda: en México nuestros niños, niñas y jóvenes mueren en los mal llamados accidentes vehiculares, pues esa es la primera causa de muerte entre las personas de menor edad en el país.
A diferencia de las muertes por el crimen organizado, que se concentran en un puñado de estados, quizá unos seis, la epidemia de muertes viales afecta por igual a todo el país y, sobre todo, a los estados del norte, paradójicamente los más desarrollados, porque al mismo tiempo han alcanzado una mayor tasa de motorización, una mayor proporción de vehículos por persona.
Por eso es tan importante que el jueves pasado la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados haya aprobado por consenso la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
A pesar de la resistencia y las presiones de la industria automotriz, que defiende sus intereses, al parecer ni la Secretaría de Economía ni los diputados se dejaron convencer para retrasar la entrada en vigor de esta nueva ley. Así que en unos diez días se prevé que llegue al pleno y corra la misma suerte que en comisiones, pues ha logrado consensos multipartidistas.
La pandemia por covid-19 nos mostró lo caro que cuesta no invertir en salud, los costos de tener un sistema fracturado, desestructurado y lleno de corrupción en la compra de medicamentos. Un sistema de salud que privilegia a quienes más tienen y que convierte el derecho a la salud en una mercancía exclusiva para quienes pueden pagarla.
Algo similar ocurre con la epidemia de muertes viales, la sociedad paga por ella un costo alto, altísimo. Una estimación conservadora del IMCO arrojó un cálculo de las pérdidas en unos 250 mil millones de pesos al año por los mal llamados “accidentes vehiculares” (a los que en realidad deberíamos llamar choques, volcaduras, atropellamientos, siniestros o hechos viales).
Cada día mueren 44 personas en México por esas causas, cada hora mueren dos personas, cada año son 16 mil muertes por la sociedad del automóvil en la que vivimos. Cada año son decenas de miles las personas que quedan con discapacidades permanentes, cada fin de semana los centros de trauma de los hospitales en las principales ciudades se llenan de cuerpos mutilados por haber quedado entre las láminas y fierros de un choque vehicular.
La Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas y Evaluación para la Salud de la Universidad de Washington realizaron el estudio “La carga mundial de la morbilidad”, donde se cuantifican las pérdidas de salud en tres categorías: 1. Años de vida perdidos por muerte prematura, 2. Años vividos con discapacidad y 3. Años de vida saludable perdidos, que equivalen a la suma de los anteriores. De ahí sale una estimación de 2.8 millones de pesos perdidos por cada vida que se va en un siniestro vial.
Como sociedad estamos pagando un alto costo en vidas, en servicios de emergencia, en hospitales públicos y privados, pero sobre todo en familias que pierden a uno de sus integrantes o que tienen que atender discapacidades permanentes durante décadas, ese es el costo de la inseguridad automotriz que debe parar ya.
Héctor Zamarrón
@hzamarron
