La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, explicó el viernes a los senadores los porqués de la iniciativa para que toda persona adulta, a partir de los 18 años, tenga que registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los cambios al régimen de donatarias que han sido tan criticados por la iniciativa privada.
Con claridad, Buenrostro fue desglosando los distintos tipos de fraudes fiscales a los que recurrían los grandes despachos de contadores y auditores, los fiscalistas de renombre al servicio de empresas importantes, sin evitar dar nombres, como en el caso de Interjet, que durante ocho años retuvo el Impuesto Sobre la Renta a sus empleados y no lo enteró a la Federación y, aún así, obtenía dictámenes positivos.
¡Por qué no fue ella a explicar la iniciativa desde un inicio! Nos hubiéramos ahorrado la campaña de exageraciones y francas falsedades que aún ayer articulistas y cartonistas de la prensa tradicional repetían, sobre los supuestos ataques a la filantropía y la supuesta pretensión de acabar con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la asistencia social.
Buenrostro resolvió dudas sobre dos de los temas que concentraron la atención en días pasados. La incorporación al RFC desde los 18 años, dijo, se debe a la necesidad de generar una cultura fiscal, ciudadana y del combate al fraude y al robo de identidad: “Queremos que cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral”, dijo a los senadores.
Sobre los donativos, reveló que solo son unas 50 las personas físicas que se verán afectadas por la reforma a la Ley del ISR y, en particular, siete integrantes de dos familias, que son quienes han concentrado los beneficios fiscales por donativos, al grado de haber deducido unos 340 millones de pesos en recursos donados a sus propias fundaciones en los últimos años. Tan solo en las deducciones fiscales de 2020 “se inventaron 732 millones de pesos adicionales".
La administradora del SAT también confirmó que sí ha habido robo de citas. Dos despachos de Jalisco y Nuevo León monopolizaban y vendían las citas, lo mismo hacía un ex funcionario del SAT que en Veracruz creó un bot con la misma finalidad. No armaron un caso contra ellos, pero sí se cambió de plano el sistema, además de cesar a 36 funcionarios públicos por actos de corrupción.
Un día, narró Buenrostro, llegó a la oficina de grandes contribuyentes un socio de un despacho muy conocido con una lista de 20 clientes. Iba a quejarse de correos enviados por el SAT a esas empresas en donde se les reclamaban el pago de impuestos.
Pidió hablar con un funcionario que ya no laboraba ahí, lo habían despedido como parte de una red dentro del SAT.
“Es que yo ya pagué”, se quejaba, y exhibía la lista de cuotas pagadas a cada nivel. Llevaba 10 años pagándoles una cuota anual para que a sus empresas no les cobraran impuestos.
“Exijo que me respeten mi trato, cuánto quieren por dejar de enviar las notificaciones por buzón tributario”, dijo el fiscalista, quien en vez de pagar impuestos sobornaba funcionarios corruptos.
Así operaban.
Héctor Zamarrón
@hzamarron
