El combate a la corrupción ha sido, desde hace varios años, un tema prioritario en la agenda pública de México. En este contexto, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se erige como una de las políticas públicas más ambiciosas en la lucha contra este flagelo, que ha minado la confianza en las instituciones y el desarrollo del país. Sin embargo, con el reciente inicio del nuevo periodo de gobierno bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, surge la pregunta: ¿qué lugar ocupará el SNA en esta nueva etapa política?
El SNA se creó en 2015 como una respuesta a la creciente demanda ciudadana de un marco institucional que coordinara los esfuerzos anticorrupción a nivel federal, estatal y municipal. El sistema está conformado por diversas instituciones, incluyendo el Comité Coordinador, que aglutina a representantes de órganos como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otros.
Una pieza clave del SNA ha sido la Secretaría Ejecutiva, la cual actúa como el órgano técnico que coordina los esfuerzos entre las distintas entidades del sistema. Sin embargo, recientes propuestas legislativas impulsadas por Morena y sus aliados sugieren la posible desaparición de esta secretaría, argumentando la necesidad de simplificar la estructura administrativa y reducir costos. Esta propuesta ha generado preocupación entre expertos y la sociedad civil, quienes temen que tal acción debilite la capacidad del SNA para cumplir su misión.
Desde su creación, el SNA ha tenido avances y tropiezos. A nivel de resultados, se ha logrado una mayor coordinación entre las entidades fiscalizadoras y de control, y se han implementado políticas importantes, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece sanciones para servidores públicos y particulares involucrados en actos de corrupción.
No obstante, el SNA también ha enfrentado desafíos significativos. La fragmentación entre los distintos órganos que lo conforman, la falta de recursos y la limitada independencia de algunas de sus partes han sido obstáculos para lograr una acción más efectiva. La percepción ciudadana de que la corrupción persiste y que muchos casos de alto perfil siguen impunes es un reflejo de estos desafíos.
El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a la necesidad de definir su postura frente al SNA. Una de las expectativas es que Sheinbaum, en línea con la narrativa de Morena, busque centralizar y fortalecer el poder ejecutivo en la lucha anticorrupción, lo cual podría implicar cambios significativos en la estructura del SNA. La posible desaparición de la Secretaría Ejecutiva es un tema que merece especial atención, pues podría desarticular la capacidad técnica del sistema, dejando al combate a la corrupción en un escenario de mayor incertidumbre.
La sociedad civil y la comunidad académica deberán jugar un papel vigilante y proactivo, asegurando que el combate a la corrupción no quede relegado a un segundo plano. La legitimidad y la eficacia del nuevo gobierno podrían verse seriamente comprometidas si no se garantiza la continuidad y el fortalecimiento del SNA. Puesto que al final, desde nuestra perspectiva, el SNA es un componente fundamental para la integridad institucional de México. Y en el inicio de un nuevo ciclo de gobierno, es importante reflexionar sobre su importancia, su existencia y su fortalecimiento frente a las reformas propuestas. El combate a la corrupción no debe ser solo una bandera política, sino una acción efectiva que perdure y se profundice en beneficio del país.
