En los últimos días dos temas han captado la atención del debate público en México: las reformas impulsadas por la 4T y la sobrerrepresentación legislativa a través del reparto de los diputados y senadores de representación proporcional (RP). El primer tema que se debate, las reformas, depende de alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso para modificar la Constitución, lo que exige, según el artículo 135, el voto de dos terceras partes de los legisladores (334 diputados y 86 senadores).
En la Cámara de Diputados, la 4T, con sus 256 diputados electos por mayoría relativa (MR), necesita al menos 44 plurinominales para llegar a la mayoría calificada, algo que parece casi asegurado. En el Senado, aunque la 4T cuenta con 64 senadores de MR y primera minoría, aún le faltarían tres escaños para alcanzar la mayoría calificada, según las proyecciones que se conocen.
Este contexto ha intensificado el debate sobre la interpretación del artículo 54 constitucional, que establece las reglas para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, muchos de los análisis que se han presentado, particularmente desde la oposición, han caído en interpretaciones erróneas, aisladas y simplistas de la norma jurídica. Este tipo de interpretaciones no solo son peligrosas desde un punto de vista técnico, sino que también pueden distorsionar la esencia de la representación democrática.
Aquí es donde entra la hermenéutica jurídica, la disciplina que guía la interpretación correcta de las normas. Interpretar la ley no es un ejercicio de lectura literal; es un proceso que requiere contextualizar la norma, entender su redacción y estructura, captar la intención del legislador, y relacionarla con otras normas y principios del derecho. Solo así se asegura que la interpretación sea justa y razonable.
El artículo 47 de la Constitución ofrece un claro ejemplo de los peligros de una interpretación literal. Este artículo, que textualmente afirma que "El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic", resulta confuso si se aplica sin considerar su contexto histórico. En 1917, Tepic era un municipio perteneciente a Jalisco, lo que hoy conocemos como Nayarit. Interpretar este artículo sin un análisis hermenéutico nos llevaría a conclusiones absurdas y erróneas.
Esta falta de perspectiva hermenéutica es preocupante no solo por su impacto inmediato en el debate sobre la sobrerrepresentación, sino también porque refleja una tendencia más amplia y peligrosa: la creciente superficialidad con la que se abordan cuestiones constitucionales en el discurso público. Cuando políticos, analistas e incluso empresarios reducen la interpretación constitucional a un ejercicio de mera literalidad, están ignorando la complejidad del derecho y, en última instancia, poniendo en riesgo el delicado equilibrio que sostiene nuestra democracia.
No es exagerado decir que este tipo de simplificaciones pueden tener consecuencias graves. Eso equivaldría a pedirle a un arquitecto o ingeniero que nos diera un diagnóstico y nos recetara algún medicamento para aliviar nuestros malestares. Esto me hace recordar aquel sabio refrán popular que reza: “zapatero a tu zapato”. Para interpretar la Constitución, es fundamental recurrir a expertos constitucionalistas, evitando así interpretaciones sesgadas y amañadas.
Resulta, por tanto, preocupante que algunos políticos insistan en una interpretación textual del artículo 54. Esto no solo refleja una falta de comprensión de los principios fundamentales del derecho, sino que también subraya la necesidad de que quienes tienen la responsabilidad de reformar la Constitución posean un conocimiento profundo y correcto de las herramientas interpretativas (profesionalización). La Constitución es el documento más relevante de nuestra vida política y social; no puede ni debe ser manipulada bajo interpretaciones superficiales o sesgadas.
