En días pasados, el presidente retomó un argumento que ha venido planteando a lo largo de su sexenio. Desde su perspectiva, los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA’s) como el INAI, Cofece, IFT, entre otros, deberían desaparecer, ya que, según él, “no hacen nada y ganan mucho”. Agregó además que fueron creados por el bloque conservador para encubrir actos de corrupción.
Al respecto, quiero puntualizar que los OCA’s surgieron como parte de los procesos de consolidación democrática y maduración institucional que permitieron reconfigurar la vida pública en México. Con el surgimiento de estos Organismos Constitucionales, surgió, desde mi perspectiva, un cuarto poder alterno a los poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial), representado por el empoderamiento de la sociedad civil en las tareas de fiscalización a actividades que en el pasado eran atribución primordialmente del poder ejecutivo. Con ello, se persigue: 1) Evitar los excesos del ejercicio del poder; 2) Conciliar la democracia de partidos políticos, poderes tradicionales y grupos económicos y sociales; 3) Atender eficazmente las demandas sociales; 4) Reducir los conflictos de interés; y 5) Garantizar el goce de derechos humanos consagrados en la propia constitución y tratados internacionales.
Concebir al INAI como una institución que acabará con la corrupción es no entender nada. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales garantiza el derecho universal de acceso a la información pública (DAI), así como la protección de los datos sensibles (personales) que pudieran vulnerar la privacidad, seguridad e integridad de las personas civiles y servidores públicos. Su función primordial es ser la institución garante del goce de estos derechos humanos, cuestión que hasta antes de su creación, la gran mayoría de las instituciones públicas venían evadiendo sistemáticamente. Entiéndase que el INAI es una herramienta que puede ser utilizada o no para fiscalizar o combatir la corrupción, puesto que sus utilidades pueden ser diversas; por ejemplo, en el ámbito académico y la investigación periodística ha resultado ser útil para procesar, ordenar y crear bases de datos históricas de la acción del gobierno que hasta hace no mucho tiempo, solo se encontraba en poder de las instituciones de gobierno. En pocas palabras, se democratizó el acceso a la información pública.
Queda claro que los OCA’s no tendrían razón de ser si las instituciones públicas fueran eficientes, eficaces y transparentes en su actuar. Sin embargo, la evidencia empírica nos ha mostrado todo lo contrario. Mientras menos den a conocer, para el gobierno es mejor. De ahí que existan múltiples resistencias a que los OCA’s puedan realizar sus funciones de forma adecuada.
Otra de las críticas es que los OCA’s son costosos. Al respecto, diríamos que sería más costoso no tenerlos. Puesto que sería más costoso que las elecciones siguieran siendo organizadas por la SEGOB, o que el INEGI presentara estadísticas no confiables y maquilladas, o que no existiera un árbitro imparcial que garantice el derecho humano al acceso a la información pública.
En este sentido, también diríamos que de momento no hay por qué alarmarse. Para eliminar a los OCA’s es necesario reformar la constitución política en México. Y para que esto suceda, se requieren de al menos 2/3 partes de los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados, y de la mitad más uno de los congresos locales de las 32 entidades federativas. Cuestión que se antoja difícil ya que ninguna fuerza o movimiento por sí solo logra ese número de votos legislativos. Así que de momento, todo queda en una narrativa y discusión que el presidente ha puesto sobre la mesa.
