En México la discusión sobre el acceso al servicio público por medio del mérito, a través de concursos de oposición, abre una oportunidad para reflexionar sobre los criterios que deben prevalecer en la selección de nuestros funcionarios. La discusión sobre lo que debería ser un verdadero Servicio Profesional de Carrera, más eficiente, amplio y equitativo, resalta en el ámbito académico. Un ejemplo es el Comité de Expertos para la Profesionalización del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero, ¿realmente se aplican estos principios en la práctica?
Tras las elecciones las autoridades electas deben elegir a los "mejores perfiles" para dirigir diversas áreas de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno. Lo lógico sería que estos nombramientos se basaran en trayectorias profesionales, no en lealtades políticas y favores de campaña. Es esencial que la nómina no sea utilizada como botín para acomodar a cuotas y cuates.
El filósofo Michael J. Sandel, en su obra “La Tiranía del Mérito”, invita a reflexionar sobre el "bien común". Sandel argumenta que las políticas y decisiones deben tomarse teniendo en cuenta el interés general, no solo el interés individual o de grupos particulares. Además, critica cómo la importancia del mérito individual ha socavado esta noción, llevando a una sociedad más polarizada y desigual.
El mérito ha sido un criterio fundamental para acceder a cargos públicos con perfil más técnico o especializado. La idea de seleccionar a aquellos con las habilidades y la formación necesarias suena justa. Sin embargo, Sandel señala que este criterio no siempre garantiza equidad o justicia, ya que existen factores ocultos que pueden influir en quiénes son seleccionados.
Sandel propone valorar, además de las habilidades y la formación, la experiencia de vida y la capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros. Esta perspectiva permitiría seleccionar a personas que no solo tienen habilidades técnicas, sino también la capacidad de contribuir al bien común.
Es crucial reconocer que hay personas que, debido a su condición social y económica, no han tenido las mismas oportunidades de acceso a una formación profesional adecuada. El enfoque exclusivo en el mérito ha excluido a este grupo, perpetuando la desigualdad. Por ello, es fundamental considerar otros factores adicionales al mérito individual para hacer más justa y equitativa la selección de servidores públicos.
Es urgente reflexionar sobre esto, ya que las designaciones a cargos públicos suelen basarse en el esfuerzo individual, lo cual ha relegado a sectores que no pueden competir en igualdad de condiciones. Se imponen criterios políticos y técnicos, sin considerar la desigualdad social.
Necesitamos replantear los criterios de selección en el servicio público para que no solo se reconozca el mérito, sino que también se brinden oportunidades a aquellos que, por injusticia social, no han tenido las mismas posibilidades de preparación. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el servicio público refleje verdaderamente el bien común y no solo los intereses de unos cuantos.
Claro está, a la par, se requiere ampliar la matrícula de las universidades públicas, reforzar su infraestructura y fortalecer a la plantilla docente con mejores prestaciones y salarios, así como oportunidades para seguirse formando. Con ello, se garantizaría seguir reduciendo la brecha social entre quienes tienen la oportunidad de estudiar y quienes, por falta de espacios, han quedado relegados.
