No parece haber, hasta ahora por lo menos, un significado suficientemente claro del contenido de la Cuarta Transformación (4T). Tampoco una definición de las estrategias para implantarla.
Sin embargo, el discurso inaugural de López Obrador permite esbozar lo que la 4T puede significar. Lo primero es el evidente deslinde del pasado inmediato, los treinta y seis años del periodo neoliberal. Este párrafo sintetiza la concepción de AMLO:
“...es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados”.
La Historia dicta intentar un nuevo cambio en la nación --político, cultural y económico. AMLO describe así los momentos cruciales de México: “... en la Independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, en la reforma por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la Revolución nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno”.
Me parece correcto cuestionar nuestro pasado y los intentos de forjar un país independiente, soberano, sin esclavitud, secularizado, con un régimen republicano, y en el que imperen la justicia y la democracia. Por todo eso se luchó con sangre y pasión. Lo alcanzado, evidentemente, fue insuficiente. Hoy nuestra nación no es independiente, soberana y libre. El carácter republicano y democrático de nuestro régimen deja mucho que desear. Y tampoco hemos hecho florecer en nuestro suelo a la justicia social y al imperio de la ley.
Cada una de las transformaciones anteriores --Independencia, Reforma y Revolución-- fue maniatada por los que se benefician de que México sea un país excluyente y oligárquico, lo que incluye la sujeción a la hegemonía de otros países.
La transición democrática --cuyo horizonte temporal lo podemos trazar entre 1988 y 2018-- coincidió con una etapa de pérdida de soberanía, justicia social y condiciones de bienestar para la mayoría de nuestros compatriotas. Logró cosas importantes, como el pluralismo político y la apertura económica, pero nos dejó un país devastado por la violencia, la inseguridad y la excesiva distancia material y afectiva entre las clases sociales. Tampoco profundizó a la democracia de manera suficiente.
Todas las fuerzas políticas, sociales y civiles, y la mayoría de los ciudadanos, de todas las preferencias partidistas y los distintos estratos sociales, debemos reconocer el fracaso de México. ¿No vivimos un auténtico estado de emergencia nacional? ¿No está desgarrado nuestro tejido social y nuestro sentido básico de la armonía colectiva y la unión como país? Quien afirme lo contrario se equivoca.
Ese reconocimiento del fracaso nacional lo tenemos que hacer la mayoría de los ciudadanos, los integrantes de todos los partidos, y los promotores de todas las concepciones culturales y visiones de la economía. Hay que preguntarnos por qué México está donde está, cómo puede superar su circunstancia y qué riesgos lo acechan.
El punto de partida es asumir que la mayoría de los mexicanos se han manifestado por un golpe de timón. De ahí el sentido general de la 4T. Es la hora de atender la cuestión social --combatir la desigualdad y la pobreza--, revertir la corrupción, hacer crecer la economía y forjar un capitalismo nacional de nuevo cuño (que genere empleos bien remunerados y distribuya prosperidad a las mayorías).
Sería un error emprender esta agenda sin mantener las instituciones políticas y jurídicas que garantizan la vigencia de la democracia y el pluralismo. Más aún, la construcción de un capitalismo democrático, o sea incluyente y promotor del desarrollo, sólo puede hacerse en el marco del imperio de la ley y la existencia de consensos fundamentales que están más allá de las ideologías o las adhesiones plebiscitarias a un líder.
Este es el gran reto de la 4T: ser la consecuencia de un pacto político, de una convergencia de los intereses, las ideas y las pasiones, o no ser. El Estado mexicano debe convertirse en el arco que permita el encuentro de todos los sectores para propiciar el nuevo contrato social que la nación requiere.
Si el gobierno de AMLO no logra un acuerdo con la sociedad que dé paso a las reformas, éstas no tendrán la profundidad ni la amplitud suficientes para sentar las bases de una nueva etapa en el desarrollo de nuestra economía y tampoco en la atención a la cuestión social. A final de cuentas, redistribuir recursos, vía subsidios, becas o pensiones, es algo necesario, pero no suficiente para provocar el cambio que necesitamos.
