La consecuencia más grave del gasolinazo es económica, pero también política, moral: ha lesionado los fundamentos de credibilidad y confianza en que se funda la estabilidad de la nación.
Durante muchos años al pueblo mexicano se le ha sometido a constantes alzas de precios y reducciones salariales, devaluaciones y actos de corrupción pública. Está acostumbrado a las decepciones provocadas por sus dirigentes. Sin embargo, el gobierno siempre se las arregló para mantener un mínimo de credibilidad en sus políticas. Supo dar la impresión de que, incluso en periodos de crisis, era capaz de conducir al país y se preocupaba por el bienestar de sus gobernados.
El presidente López Portillo, por ejemplo, dejó al peso devaluado, pero ante amplios sectores se cubrió de gloria con la nacionalización de la banca que decretó poco después. Por su parte, Miguel de la Madrid elevó el precio de la gasolina en 50 por ciento, recortó el gasto y suprimió muchos empleos, pero su “renovación moral de la sociedad” y su disposición para racionalizar la gestión de la industria petrolera eran creíbles.
El gobierno actual, en cambio, comete el peor de los pecados: aparecer ante los ciudadanos como insensible y ajeno a las preocupaciones cotidianas de la gente. Sin un mínimo de afabilidad y sentido de la empatía, provoca en la sociedad sentimientos de desconfianza, rencor, e incluso odio hacia sus representantes. El atropellamiento de unos policías federales en Rosarito es una prueba contundente de ello, por no mencionar las expresiones de hartazgo de los ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Peña Nieto.
Además, el gobierno aparece como falto de capacidad técnica. Puede tener razón acerca de que es imposible evitar el aumento a las gasolinas, pero no comunica argumentos que permitan a los ciudadanos creer que sus sacrificios tienen sentido porque se aplica una estrategia para que el país salga a flote.
A lo anterior hay que agregar que los agravios sentidos por la gente son demasiados como para pedirle que responda con un optimismo automático: la inseguridad y la violencia que no cesan, la corrupción impune de varios gobernadores y políticos, la Casa Blanca, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los actos de presunta violación de derechos humanos, el descrédito generalizado de los políticos y hasta la recepción en Los Pinos del candidato Trump, conspiran contra la idea de que el país tiene futuro.
No se ve, pues, ninguna luz al final del túnel que permita alentar expectativas y apaciguar molestias, ganar tiempo mientras se toman decisiones eficaces. El sentimiento provocado en la sociedad es de absoluta desconfianza en su gobierno. La consecuencia es que el margen de maniobra se ha reducido de manera preocupante. Es verdad, hay un completo hartazgo de la gente.
Si se mantienen por algunas semanas los actos de inconformidad, y si el gobierno federal no propone medidas creíbles para superar la gravedad de la situación económica, podríamos enfrentar escenarios inéditos en la historia contemporánea de México. En cualquier caso, la democracia está en riesgo.
Imagino dos escenarios posibles.
El primero. Continúan los bloqueos y la interrupción del transporte, los saqueos y el vandalismo. Esto pone en riesgo la normalidad económica y el abasto de alimentos y mercancías. Acto seguido, el sector empresarial intensifica su exigencia al gobierno para que aplique la ley y reprima las protestas. Luego se provoca un escalamiento del conflicto. Al final, se instauran estados de excepción en algunas zonas del país: con toques de queda y patrullaje militar se garantiza la normalidad económica, lo que nos pone a un paso de la interrupción del orden constitucional.
El segundo. Por inercia, apatía o miedo se atemperan los ánimos y se supera la intensidad del momento presente. Sin embargo, esto no evitará que tengamos una crisis sexenal como las de antaño, aunque adelantada y marcada con la expectativa, muy factible, de que el PRI pierda la próxima elección presidencial. Vendrán nuevos gasolinazos durante el año y el peso seguirá su caída. La situación material de la gente se agravará. La fractura que divide a los sectores medios y populares del gobierno seguramente se va a profundizar y llegaremos a 2018 en un ambiente de completa crispación.
En cualquiera de los dos casos, presenciaremos un juicio crítico de la transición democrática. La tesis lopezobradorista de que el PRI y el PAN defienden intereses similares (¿también el PRD?) cobrará más vigencia que nunca. Por eso, si AMLO se proyecta como un candidato fuerte, su posible triunfo podría percibirse como una amenaza contra el régimen que nos heredó el PRI. En este caso, la pregunta es si el viejo sistema lo permitirá o cerrará filas para impedirlo a cualquier costo y echando mano de cualquier artimaña incluida la ruptura del orden constitucional. Eso explica la prudencia que ha mostrado.
