Los partidos conservadores encumbraron sus privilegios a nivel constitucional; en una espiral sin fin, la reducción del financiamiento es equivalente a la cláusula puramente potestativa del derecho contractual, pues se encuentra establecida exclusivamente en su beneficio y es inamovible sin los votos de sus bancadas en el Congreso.
Los conservadores no iban a darse un balazo en el pie, no iban a dejar en la mesa más de 3 mil 350 millones de pesos en prerrogativas que les fueron asignados solo para 2023: mil 151 mdp para el PAN, mil 128 mdp para el PRI, 454 mdp para lo que queda del PRD y casi 615 mdp para MC.
Encuestas de Enkoll, Parametría y el propio INE demuestran que hasta 93 por ciento de la población respalda la reducción de financiamiento a los partidos, hasta 87 por ciento está a favor de disminuir el número de legisladores y hasta 75 por ciento está de acuerdo en otorgar menos recursos al INE.
Frente a cifras tan contundentes, resultaba incongruente abandonar la discusión pública y cesar los esfuerzos por transformar nuestra democracia; nació entonces el plan B, como una forma de dar cauce legislativo al apoyo ciudadano hacia los ejes rectores de la reforma constitucional.
El plan B consagra las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad: pueblos originarios y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes (menores de 30 años).
Esta última acción afirmativa es nuestro legado legislativo a la siguiente generación, el acceso efectivo a los cargos públicos para la generación Z, o centennials.
El plan B garantiza la expansión del derecho al voto para los mexicanos en el exterior a través de su matrícula consular; quienes enviaron a sus familias más de 58 mil millones de dólares el año pasado merecen representación.
El INE ha fracasado en la credencialización y promoción del voto en el exterior; según su propio portal, solo 33 mil 628 mexicanos se inscribieron para votar desde el extranjero en 2021, esto representa 0.1 por ciento de los residentes en el exterior.
Un estudio de la Dirección Ejecutiva de Administración del propio INE denominado “Programa de Infraestructura 2011-2017” revela una crisis inmobiliaria en el instituto, que gasta cientos de millones de pesos al año en rentas costosas. El plan B plantea que los módulos puedan ubicarse en inmuebles de dominio público.
Esto incluye campus universitarios y preparatorias, donde por cierto están los jóvenes de 15 a 17 años, que se convertirán en ciudadanos en el corto plazo y que constituyen la mayor franja de mexicanos sujetos a credencialización, bibliotecas, hospitales, parques, ciudades judiciales y unidades administrativas donde los ciudadanos acuden a tramitar sus pasaportes, contratar servicios de luz, agua y telefonía, pagan su predial o realizan trámites, se trata de facilitar la vida a los ciudadanos y ahorrarle recursos al INE.
La reestructura del órgano administrativo electoral más costoso de Latinoamérica también es posible a partir del plan B.
El INE cuenta con una onerosa plantilla en cada uno de los 300 distritos y las 32 entidades, que replica burocracias doradas, con miles de vocales distritales y locales, funcionarios que reciben bonos, prestaciones y salarios exorbitantes, sin cumplir una función permanente.
Es falso que los trabajadores de los módulos estén en riesgo, la credencialización es la única actividad permanente del instituto en los 300 distritos, de hecho, los ahorros en rentas podrían canalizarse a mejorar los salarios de los trabajadores dedicados a la credencialización que, dicho sea de paso, tienen una brecha de 40 a uno en relación a los salarios de los consejeros.
El plan B está por concluir su etapa legislativa cuando el Senado vote la minuta remitida por la Cámara de Diputados, entonces pasará a una etapa de discusión judicial.
En los últimos días, los medios han reportado que algunos consejeros del INE han llamado a la ciudadanía a presentar amparos contra la reforma electoral.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó desde 2011 que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral; ningún juez federal puede desacatar lo ya resuelto por el Alto Tribunal, incurrirían en delito y responsabilidad administrativa.
Por otra parte, el artículo 19 fracción II de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional señala que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se presentan en contra de normas generales (leyes) o actos en materia electoral.
La única vía para impugnar la constitucionalidad del plan B es la acción de inconstitucionalidad, reservada para las minorías parlamentarias (33 por ciento del Senado o la Cámara) y los partidos políticos nacionales.
Con diferentes logotipos, pero idénticos argumentos, los conservadores presentaron las primeras acciones, confiamos en que el plan B será confirmado por la Corte y se aplique en 2024.
Diputado federal por morena @hamlet_almaguer
