La justicia alternativa se ha ido abriendo paso y consolidando como un opción muy eficaz y eficiente para solucionar los conflictos. Sin embargo, en algunas entidades federativas no se le ha dado impulso. Son pocos los poderes judiciales que, como el de Jalisco, ven en la justicia alternativa una valiosa herramienta y la impulsan como proyecto estratégico.
Dicen que pesos son amores y no buenas razones y es cierto, pues a la justicia alternativa los poderes judiciales locales de México solo le dedican 2.3% de su presupuesto a sus Centros de Justicia Alternativa (CEJAS), yendo desde Guanajuato que le destina 6.3% del presupuesto del poder judicial, hasta Oaxaca que sólo le dedica el 0.01%, casi 63 mil pesos (Censo Nacional de Impartición de Justicia de INEGI, 2021).
En cuanto a los recursos humanos, hay solo 892 mediadores trabajando como servidores públicos en los 32 poderes judiciales del país, desde 135 en Guanajuato, 98 en Jalisco y 76 en el Estado de México, hasta 3 en Tabasco. Nueve estados del país tienen menos de 10 mediadores en su poder judicial. Realmente hay muchos poderes judiciales del país que no han hecho lo suficiente (pues ellos distribuyen su presupuesto) para liberar el potencial de la justicia alternativa en el país.
No obstante, recibir tan solo el 2.3% de los recursos, los CEJAS del país atienden el 12.2% de las solicitudes de servicios que reciben los Poderes judiciales (219 mil conflictos), mientras que los juzgados reciben el 87.8% de los asuntos ingresados (1´577,327). Aquí por ejemplo los extremos van desde Jalisco que recibe 19% de los conflictos (19 mil) hasta Morelos que recibe el 0.6% (110 conflictos de los 18 mil 264 asuntos recibidos por el poder judicial de esa entidad).
Otro rubro que ilustra la disparidad de desempeño, así como del aprovechamiento de los recursos materiales y humanos de que dispone la justicia alternativa, es que a pesar del 2.3% del presupuesto promedio que reciben, aportan una de cada 20 resoluciones finales de primera instancia: 4.9%. Por cada 19 sentencias hay una mediación.
Nuevamente aquí, el desempeño es dispar, pues se va desde 10 mil 360 convenios de Jalisco (Censo INEGI 2021 con cifras 2020. En 2021 fueron 15 mil 270 covenios), el 28% de las resoluciones, hasta San Luis Potosí con 61 convenios en el año (1.4% de las resoluciones) y Coahuila con 20 (0.7% de las resoluciones).
Los indicadores cualitativos de la justicia alternativa son muy positivos, por ejemplo, más del 90% de los convenios que se logran por mediación en el país se cumplen espontáneamente (en Jalisco es 98%), es decir, sin necesidad de promover que el juez envíe a la fuerza pública a ejecutar el convenio.
Las encuestas de satisfacción de usuarios que se han realizado presentan una satisfacción de más de 94% como en Jalisco y Guanajuato. En Jalisco, 96% de las personas que acudieron al IJA recomendarían a sus amigos y familiares resolver sus conflictos a través de la mediación. Las cifras nos gritan que vale la pena invertir en la justicia alternativa.
Si los poderes judiciales de los estados dieran a sus CEJAS el 10% de sus recursos, descongestionarían sus juzgados, reducirían la duración de los procesos y aumentarían la satisfacción de las personas con su sistema de justicia.
Guillermo Zepeda
