A un mes de las elecciones del 6 de junio, el panorama sigue siendo muy complejo. Hay datos para la tranquilidad y certeza, para la duda y el temor.
Los criterios elaborados por el INE para la asignación de las diputaciones plurinominales y su ratificación por parte del Tribunal Electoral modificaron el escenario electoral por partida doble. Primero, para Morena no será imposible, pero sí muy difícil construir una mayoría calificada que le permita cambiar la Constitución. Prácticamente se puede despedir de ese poder del que gozó ilegalmente estos tres años. Segundo, las autoridades electorales, especialmente el Tribunal Electoral, demostraron que están para hacer cumplir la ley, pese a las amenazas y presiones desde el gobierno y su partido. Y eso hace toda la diferencia entre procesos electorales y representantes y gobernantes legítimos o ambas cosas ilegítimas. Del cielo a la tierra. Esperemos que ambas instituciones muestren la misma determinación en la calificación de las elecciones. Tranquilidad y certeza.
En lo referente a los procesos de electorales, las encuestas, según el promedio de Oraculus, de hace un mes, le daban una ventaja a Morena en la disputa por la Cámara de Diputados, con lo cual ganaría la mayoría simple (más de 50 por ciento, pero menos de 66 por ciento), mientras que, en las elecciones para gobernador, de 13 triunfos casi seguros de Morena en las 15 gubernaturas en juego, ahora cinco se han cerrado (e incluso en algunas difícilmente triunfará como es el caso de Nuevo León). No sería raro que las 300 elecciones de diputados federales también se hicieran más competitivas y el resultado final sea un triunfo de Morena y sus aliados muy apretado contra la coalición formada por PAN, PRI y PRD o incluso un triunfo de ésta última.
Esto último dependerá de su habilidad para captar los múltiples y crecientes descontentos sociales generados por el pésimo desempeño de los gobiernos morenistas —la tragedia del Metro puede volverse el símbolo de todos ellos— y del éxito que tenga la campaña, generada desde una parte de la sociedad civil, que busca activar el voto útil. Convertir la elección en un referendo en defensa de la democracia y frenar el deterioro del país es la mejor apuesta posible. Las campañas están creciendo en intensidad con una participación intensa de ciudadanos y será hasta el 6 de junio que sepamos cuánto del respaldo político de 2018 le quedará a la 4T; difícilmente será mayor. Duda.
¿Y después? Cualquier resultado radicalizará al presidente López Obrador. Si gana al menos la mayoría simple, lo que significa que tendrá manos libres para reformas legales y control del presupuesto, cumplirá su palabra y tratará de destruir al INE y desemparejará lo más posible la cancha electoral en favor de Morena para 2024; serán batallas épicas. Más ataques a la oposición vía escándalos mediáticos de corrupción. También una reforma fiscal agresiva contra los ricos y más “rectoría del Estado” en energía y otros sectores. Incrementará los programas sociales para contrarrestar los impactos de la crisis económica, pero el saldo no será menos pobreza y sí finanzas públicas desequilibradas. Si pierde, tratará de hacer lo mismo por desesperación y enojo, vía decretos administrativos ilegales (la ley no le importa mucho, ya lo sabemos), pero para ello lo primero será “comprar” diputados vulnerables o al menos chantajearlos para que se conviertan a la 4T. Temor.
Guillermo Valdés Castellanos
