Ganar una elección presidencial significa un mandato para el triunfador: poner en práctica su propuesta, pero —y es un pero es fundamental— dentro de los límites establecidos por la Constitución. Por eso, su primer acto es jurar respetarla y hacer que se cumpla. Puede ganar cualquier propuesta, pero su instrumentación no puede ir contra ella, pues esta incorpora los principios, valores y reglas fundamentales que garantizan la convivencia social, política y económica, no solo dentro del país, pues además le garantizan a México un lugar respetable en el mundo.
En la Constitución están asentadas tanto la primacía de los derechos humanos universalmente reconocidos (las libertades, los derechos a la educación, la salud, etc.), como las bases para que el ejercicio del poder garantice el respeto y cumplimiento de esos derechos. No puede permitirse que un gobierno ejerza el poder violando los derechos humanos; sería una incongruencia.
Por tanto, la Constitución también convierte en norma superior, la democracia, el estado de derecho (que el gobierno se someta a las leyes igual que cualquier ciudadano) y la división de poderes. Así, derechos humanos, democracia y Estado de derecho son componentes universalmente reconocidos y necesarios para que cualquier proyecto de gobierno se pueda traducir en una mejora de las sociedades. Por tanto, jurar la Constitución no es un capricho, es un compromiso de que el proyecto de gobierno que va a impulsar estará fundado en esos tres principios y valores básicos.
AMLO actúa como si los 30 millones de votos le otorgaran una supremacía sobre la Constitución
López Obrador dice tener un mandato y está en lo correcto. Sin embargo, actúa como si también creyese que los 30 millones de votos obtenidos le otorgaron una supremacía sobre la Constitución y una infalibilidad en su conducción política. Y en eso está total y absolutamente equivocado. No solo porque esos 30 millones de votos no significan el respaldo unánime para su proyecto (solo representaron 53% de quienes votaron y 35% del total del electorado), sino porque tampoco le otorgaron un certificado de eficacia (el desastre de país habla de lo contrario) ni hay ninguna razón que le exima de respetar la Constitución. Una elección, por más votada que haya sido, no la anula.
La radicalización reciente de AMLO (leyes energéticas; ataques al INE; uso político y faccioso de la aplicación de la justicia; amenazas a jueces y abogados; descalificación de sus críticos, etc.) permite observar que, ante el fracaso de cumplir con su mandato (acabar pobreza y corrupción), en vez de cambiar sus estrategias y políticas, quiere arrasar con la Constitución, la democracia, la división de poderes y el estado de derecho (después se irá contra las libertades).
La prolongación del mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar le parece la manera más “suave” de nulificar la Constitución y hacer un lado todos los recursos de inconstitucionalidad en que se asienta su gobierno, con la venia del ministro presidente. López Obrador no quiere ningún límite a su mandato. Se trata de anular de facto la Constitución gracias a un presidente de la SCJN servil que avale todos sus caprichos. Lo que pretende, como lo señaló Aguilar Camín, es una tiranía constitucional. Si lo logra, las letras de oro en el palacio imperial de la infamia —que no en el Palacio Legislativo— serán para AMLO y también para Zaldívar. Es un honor estar con Obrador.
Guillermo Valdés Castellanos
