El tema del inicio de este año es la crisis 2.0 del sistema de salud. En 2019 ocurrió la primera por el desabasto de medicinas y los recortes presupuestales a los Institutos Nacionales de Salud. Ahora, al igual que el año pasado, el gobierno se defiende denunciando un sabotaje de empresas farmacéuticas y demás intereses afectados por el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi). La narrativa que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador es la de un gobierno bueno y eficaz, acosado y saboteado por malvados neoliberales.
Frente a la reiteración de que los problemas son causados por un puñado de enemigos del país vale preguntarse lo siguiente: ¿Los neoliberales le pusieron una pistola en la cabeza a AMLO y a Arturo Herrera para que no presupuestaran fondos suficientes para el funcionamiento del Insabi? ¿Los farmacéuticos obligaron al presidente López Obrador a nombrar al frente del Insabi a un amigo suyo que no sabía absolutamente nada del tema de salud? ¿Los distribuidores de medicinas bloquearon las oficinas de la Secretaría de Salud, razón por la cual no hubo manera de que se elaboraran las reglas de operación del Insabi? ¿Los conservadores paralizaron a la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia y por eso no hubo ningún tipo de información a los usuarios del Seguro Popular sobre cómo recibirían los servicios de salud en el futuro? ¿La empresa PISA secuestró a Olga Sánchez Cordero y por eso no pudo negociar y convencer a todos los gobernadores que se incorporaran al Insabi?
Pese a todas las advertencias que le hicieron al gobierno sobre los riesgos de cancelar el Seguro Popular, pusieron en marcha al Insabi sin haberlo preparado adecuadamente. Tuvieron un año para hacerlo, pero inexplicablemente no lo hicieron bien. Hoy sabemos que no tiene asegurado el financiamiento suficiente para operar; los gobiernos estatales desconocen cuánto dinero les darán para atender a la población. La promesa de AMLO de que en este año todos los servicios serán gratuitos es demagogia pura mientras el Congreso no asigne más recursos. Y si no habrá fondos suficientes para los programas prioritarios, menos los habrá para el Insabi.
Tampoco hicieron las reglas de operación: los usuarios no saben a qué servicios tienen derecho, cuáles enfermedades sí y cuáles no serán atendidas; los funcionarios de salud de los estados no están enterados de cómo funcionará y cuánto cobrarán (lo están haciendo arbitrariamente); doctores y enfermeras desconocen ahora para quién trabajan, ni saben quién les va a pagar. Un desastre financiero, administrativo, operativo e informativo. Frente a ello la respuesta mágica: a fines de este año todo funcionará muy bien y todo será gratuito. ¿De verdad?
Los testimonios publicados en los medios de las tragedias personales y familiares por la falta de atención y las arbitrariedades cometidas son terribles. El daño a la población, especialmente a los más pobres, es enorme. Nunca sabremos cuántas muertes habrá por tanta irresponsabilidad.
Al inicio del año, un periodista le preguntó al presidente López Obrador si algún problema del país le quitaba el sueño. Su respuesta fue contundente: “No me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que significa un daño a la población, todo el día estoy atendiendo los grandes y graves problemas nacionales”. ¿De verdad?
