La historia del bebé cuyo cadáver fue exhumado de un panteón en Ciudad de México y encontrado días después en un basurero de una cárcel de Puebla para posiblemente haber sido utilizado en algún ritual de magia o misa negra; la fotografía del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco con tres prominentes asesinos tomada en una iglesia de Yautepec a instancias del párroco de ese lugar; los homicidios de dos periodistas en Tijuana —Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado— en menos de una semana pese a la existencia del “mecanismo de protección”, son solo algunos ejemplos recientes del profundo y alarmante deterioro que hemos permitido y tolerado de muchas instituciones públicas.
Lo que pasa en las cárceles mexicanas es ampliamente conocido: la mayoría de ellas, sobre todo las estatales y municipales, son territorios controlados por las organizaciones criminales y, por tanto, verdaderos centros desde los cuales operan muchas de sus actividades delictivas sin ser molestados por las autoridades; la Comisión Nacional de Derechos Humanos las llama cárceles de “autogobierno”. Es como si los capos al ser llevados a un centro penitenciario adquirieran fuero constitucional. En lugar de producir la reinserción de los delincuentes en la sociedad, lo que ocurre es la inserción de funcionarios en el negocio de hacerse la vista gorda y enriquecerse a costa del enorme daño social que se genera desde las cárceles. De verdad ¿los gobiernos no puedan controlar esos pequeños territorios o no quieren hacerlo? ¿Y ahora también la corrupción en los panteones?
El contubernio de todo tipo de autoridades con el crimen organizado es muy antiguo, por eso no sorprende ver a un gobernador más retratado con criminales de primer orden y luego alegar amnesia e ignorancia y más cuando la supuesta 4T ha sido prolija en propiciar acuerdos tácitos entre sus nuevos gobernadores y el cartel de Sinaloa, o por lo menos hacerse de la vista gorda. La captura de gobiernos locales es una de las formas más viles y dañinas de destruir instituciones públicas.
Lo llamativo de este caso es la participación de un párroco —tampoco es la primera vez que sacerdotes y obispos se mezclan de manera “poco ortodoxa” con el crimen organizado. Lo preocupante es que la jerarquía católica no condene ni explique. ¿Qué tipo de relación tenía el párroco con esos asesinos y porqué los juntó con el gobernador? ¿Qué interés tenía o qué favores le hicieron? ¿No se han dado cuenta los obispos del enorme mal y dolor que generan esos feligreses? ¿Los curas y obispos también creen que lo mejor es que gobierno y criminales lleguen a un acuerdo para dejarlos actuar a cambio de que sean un poco menos violentos? Una iglesia católica cómplice sería una pésima noticia y revelaría a una institución en serios problemas para entender su misión en este tema.
¿Qué decir del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos cuando en lo que va del sexenio han asesinado a 43 de los primeros y a 68 de los segundos? Sus recursos son claramente insuficientes: el gobierno le asignó 380 millones de pesos para este año cuando había requerido 450 y tiene un adeudo de otros 150 millones) y los mecanismos son poco eficaces. ¿Qué tanto le importa a la FGR investigar y llevar a la justicia a los asesinos? ¿No habría que comenzar por cambiar al fiscal general que está más interesado en venganzas personales que en reducir la impunidad?
Guillermo Valdés Castellanos
