Superar los atrasos sociales, económicos y políticos de un país como México es una tarea muy compleja que lleva décadas. No hay recetas universales. Daron Acemoglu y James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? plantean la importancia decisiva de las instituciones —el estado de derecho, las políticas públicas especialmente las económicas, la democracia, las libertades, entre ellas la de competencia, etcétera— en las experiencias históricas exitosas de desarrollo en sentido amplio. En otras palabras, la calidad de las instituciones públicas —las pertenecientes al Estado— es uno de los factores con mayor peso.
Es precisamente por esa relevancia que preocupa la tarea destructora de las instituciones estatales que está llevando a cabo la 4T. Desde el desprecio por las leyes, las policías y los ministerios públicos, hasta el avasallamiento de los órganos reguladores autónomos, pasando por la desaparición completa de otras, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o el desmantelamiento del Cisen y el Conacyt. La lista es impresionante y el daño mayúsculo. Llevará años reconstruirlas. El deterioro del capital humano de las dependencias gubernamentales debido a la absurda teoría de que lo relevante es la honestidad al 90% (bueno, eso dice el Presidente) y las capacidades técnicas no importan, junto con la reducción de salarios han dejado a muchas de las dependencias gubernamentales en la ineptitud casi absoluta. Véanse Pemex, la atención a los damnificados de Tabasco o el funcionamiento de la Cofepris. Su ineptitud se puede medir en cientos de millones de pesos tirados, en mayor pobreza o en muertes evitables.
Si el gobierno federal es crecientemente ineficaz se debe también a la concentración de poder en el Presidente de la República —que defectos personales aparte— no tiene contrapesos. Por tanto, sus decisiones (la mayor parte de ellas erróneas) no encuentran resistencia ni posibilidad de rectificación. Esto es solo una de las consecuencias de la regresión autoritaria que está viviendo el país. Demoler al Estado y sus instituciones en nombre de sus obsesiones tendrá un costo enorme en retroceso, es decir, en años para salir del atraso.
Como si todo lo anterior fuera poca cosa, la voluntad presidencial arrasadora también va contra la sociedad civil organizada. Son organizaciones “fifís” y por tanto sus enemigas. Le bastó un adjetivo para descalificar un esfuerzo de décadas de decenas de miles de organizaciones dedicadas a construir ciudadanía, es decir, una sociedad de sujetos conscientes de sus derechos y comprometidos con hacerlos válidos y exigibles para todos. Ahora, la Ley de Ingresos incluye disposiciones para ahorcarlas financieramente. Es un absurdo por dos razones.
La primera es que la existencia de una verdadera ciudadanía es un requisito indispensable para que la democracia no se atrofie y se vuelva rehén de las élites políticas y partidistas. Segundo, el Estado, por muy rico y eficiente que sea, no puede ni debe por sí solo generar todos los bienes y servicios necesarios para un desarrollo incluyente. Está demostrado que en los países con mayor nivel de prosperidad la contribución de la sociedad civil organizada a la producción y distribución de bienes y servicios públicos es indispensable. Eso es lo que pretende destruir la 4T al ahorcar fiscalmente a las organizaciones de la sociedad civil. Como Atila. No quieren dejar ni el pasto que pisan.
