El tema más apremiante y que más inquieta a la ciudadanía de nuestro país es, en general el de la inseguridad. Es sabido que se trata de un desafío multifactorial que debe abordarse de manera integral. Y que más que un enfoque de victimización (seguridad pública) debe de abordarse orientándose hacia las vulnerabilidades (seguridad humana.
Dentro de una visión integral se refiere una acción focalizada según el grado de afectación a las víctimas. Los delitos de alto impacto deben de abordarse de forma moderna, a través de unidades de investigación e inteligencia especializadas; los delitos más frecuentes pero de menor nivel de violencia deben de ser atendidos, eficientando los recursos y privilegiando su esclarecimiento; en tanto que los delitos no violentos de menor afectación para las víctimas deben canalizarse a los centros de mediación de las fiscalías.
Es importante reflexionar sobre los desalentadores datos de los delitos de alto impacto. Sabemos que los homicidios, desapariciones, extorsiones, violaciones robos violentos, entre otros delitos de alto impacto se encuentran en niveles inquietantes. Por ejemplo, el homicidio que ha duplicado su tasa: pasando de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, a un indicador de 25 en 2022.
Durante los catorce años, que van de 2003 a 2016 el número de sentencias osciló en torno a 4,400 condenas por homicidio intencional (con un máximo de 4,803 en 2005 y un mínimo 4,317 en 2016). Este número “topado” de condenas se registraba independientemente de que ocurrieran en el país 10,253 homicidios (2007) o 22,282 (2011). La impunidad del homicidio doloso pasó de 54% a 84% en ese periodo.
Lamentablemente, el panorama se ha deteriorado. En nuestras recientes pesquisas señalamos que las sentencias condenatorias comenzaban a descender a 3,200 (2018), 2,800 (2019) y 2,472 (2021); en tanto que los homicidios llegaron a 29,675 en 2023 (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). La impunidad para este delito llegó a 90% en 2019; 93% en 2021, según la organización impunidad cero; y 96.9% de acuerdo con el reporte Hallazgos de México Evalúa.
Con estos niveles de impunidad la pregunta no es ¿Por qué hay tanta violencia?
Si no: ¿Por qué no hay más? Dado que es mínima la probabilidad de captura y sanción.
Existen insuficiencias y deficiencias de los recursos humanos y materiales dedicados a la investigación criminal científica, problemas en la organización y metodologías de coordinación y actuación en las investigaciones y, en algunos casos la corrupción. Pero es fundamental referir el amedrentamiento y violencia letal que enfrentan los agentes del Estado. Es muy triste constatar que los servidores públicos que en campo reconocimos en nuestros estudios como protagonistas de las buenas prácticas en esta materia, han sido amenazados o asesinados en los últimos años. Retomar el control de las áreas de investigación criminal y proteger a los servidores públicos dedicados a esta trascendental labor, es clave para evitar el colapso del Estado en su deber fundamental de dar seguridad y revertir la impunidad en México.
