Se ha anunciado que se prepara un decreto para la liberación de internos de centros penitenciarios procesados y sentenciados por delitos de competencia federal. Esta postura aparentemente humanista, contrasta con el endurecimiento de las disposiciones penales que ha impulsado el actual gobierno federal.
Se muestra inquietud –hasta indignación– en virtud de que 43% de las personas privadas de la libertad están en prisión preventiva: aunque se presuman inocentes están encarceladas mientras se decide su caso. Lo que no se dice es que el actual gobierno propició un gran incremento en el número de personas encarceladas. Por iniciativa del actual presidente se reformó el artículo 19 de la Constitución en abril de 2019, para incrementar los delitos por los que se debe aplicar prisión preventiva de manera oficiosa, pasando de 5 a 9 delitos y extendiéndola a 11 categorías delictivas (todos los delitos en materia de hidrocarburos, todos los de corrupción, etcétera). Se sembró vientos y ya se está cosechando tempestades: desde 2019, 18 mil personas más están en prisión preventiva (para un total de 94 mil).
La revisión y eventual liberación, después de “procedimientos accesibles y simplificados que deben concluir para el 15 de septiembre”, se refiere a cuatro supuestos: Personas procesadas por delitos no graves de competencia federal que lleven más de 10 años en prisión sin recibir sentencia. Sin embargo, según la Encuesta a población penitenciaria de INEGI (ENPOL) se muestra que la media de los procesos penales se resuelven en 348.2 días; solo 20.2% tardan más de dos años (tabulado 5.13). Así que pocos casos tendrán más de diez años y seguramente no son procesos por delitos menores.
También se liberaría a internos que hayan sido torturados y se compruebe usando el protocolo de Estambul. Esto es muy positivo, deben ser liberados y deben iniciarse los procesos penales contra quienes los torturaron. Se trata de casos complejos y serios, es difícil que se concluyan los procedimientos antes del 15 de septiembre, que fue la fecha que señaló el Presidente.
También se liberaría a adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles y que no hayan cometido delitos graves, así como los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas y que no hayan cometido delitos graves. La Secretaría de Salud realizaría el diagnóstico. Aquí también el universo de casos es pequeño: solo 3.3% de los internos tiene más de 60 años y según la propia ENPOL, menos del 20% de los internos están por delitos considerados por la ley como no graves.
El Gobierno podría lograr un mejor impacto en el uso prudente de la prisión, implementando políticas de racionalización del uso del Derecho Penal y establecer la autonomía y eficiencia de la Fiscalía General de la República, auténtico cuello de botella y corazón de la impunidad de la justicia federal. Pero parece que lo que necesita el presidente es volver a la tradición de que para el día del Grito de Independencia, el padre de la 4T deje en libertad un puñado de internos. El populismo penal siempre ha sido arbitrario, ilegítimo y contraproducente, desde Barrabás hasta la 4T.
Guillermo Zepeda
