En el confuso asunto del PT, al parecer como efecto urdido desde Los Pinos por la alianza con Morena, en Monterrey cobran agravios políticos a la pareja de activistas sociales Alberto Anaya y Guadalupe Rodríguez.
A partir de acciones de la PGR, que se antojan fuera de foco (litigar un asunto más propio del SAT que de invectivas por “financiar el terrorismo y lavado de dinero”), se hacen de boñiga en abundancia y –preludio de lo que le espera a AMLO– la lanzan al dúo de larga data en filas de izquierda.
En su trayectoria, controvertida o meritoria como pueda parecer a algunos, los Anaya-Rodríguez (con otros) han conducido en medio del derechismo regio un movimiento de proletariado urbano (Tierra y Libertad) que en redes sociales una mayoría recuerda su gestación, de generación a generación, como epopeya de la que formaron parte.
Es de los muy pocos que aquí pueden salir a la calle a protestar por miles. Surgido de los contextos políticos a fines de los sesenta, en su leyenda ha contado con apoyos gubernamentales diversos, como el otorgado por Echeverría vía el rector de la UANL, Luis Eugenio Todd, y los de ahora, motivo de controversia. Desde las luchas de colonos forman en los 90 un partido político afín a esas bases y autogestionan una red –epicentro actual del conflicto por su financiamiento con fondos públicos– de 75 centros educativos, desde preescolar hasta licenciatura para atender con niveles casi de gratuidad a alumnos de escasos recursos.
Las animosidades acanalladas han proliferado. El gobernador con talante buleador y comadresco aireó supuestas intimidades ajenas sin venir al caso: “La pareja tiene problemas, creo que por ahí va la cosa” (¿?). Y un opinante con la brújula geopolítica atrasada como la de Meade, que veintitantos años después todavía apunta a la desaparecida “Alemania del Este”, dijo que se trataba de “un experimento norcoreano y comunistoide”.
Enmarcan del lado atacante revelaciones de cinismo sorprendente e interrogantes en el terreno de la bruma política que opaca al país. Afirma el gobernador Jaime Rodríguez: “Yo solo le transferí fondos que la Federación me instruyó. El Gobierno Estatal fue un puente (sic) para depositar 100 millones de pesos a cuentas que (Guadalupe) Rodríguez estableció”.
¿De qué atribución goza para cubrir esos “puentes” de plata federal a un particular? ¿Quién en la Federación le dijo que debía transferir 100 millones a un tercero? ¿Cuántas transferencias “puente” hace su gobierno a particulares con el pretexto que “desde tiempos de Medina se operan”? ¿Desconoce Jaime Rodríguez que se hace presunto partícipe confeso del delito de peculado por transferir fondos federales a cuentas particulares? Y si el propio gobernador afirma que desde hace años se hace así: ¿de cuánto es el agujero en la Tesorería de la Federación para depósitos a particulares en todo el país, sea para proyectos educativos o de otra índole? Las respuestas también hacen ver la vendetta política que aún es pronto para divisarla entera.
¿Negligencia criminal del Tec?
El Tec amagado “de mentiritas” por la SEP de perder reconocimiento oficial, controvertido por su manejo a la crisis en su campus de la CdMx, luego de los sismos de septiembre, tuvo otra merma al prestigio de su marca. A la investigación por homicidio doloso, ya emprendida por la PGJ capitalina, sumó una demanda por negligencia criminal de parte de los padres de dos jóvenes fallecidos en los derrumbes de sus instalaciones.
En el recorrido por estos avatares, el Tec ha exhibido desaciertos. Improvisar docentes sin sensibilidad para lidiar como voceros con los padres en las primeras horas de la tragedia; pagar onerosos desplegados de “aquí no ha pasado nada”; negar de inicio paliativos financieros al alumnado afectado; dejar transcurrir 19 días, sin dar la cara para explicar la muerte de cinco estudiantes y 40 heridos, así como directivos omisos en advertir el peligro de los puentes hoy derrumbados (“se privilegió lo mercantil”, dijo un abogado de los padres), y pretender secrecía o confidencialidades enturbiando la imagen del Tec.
El Tec no cotiza en Bolsa, pero si lo hiciera, mostraría acciones pauperizadas. Además de enfrentar dos graves denuncias, su campus debe demolerse y por ahora 8 mil estudiantes itesmitas acuden a clases dispersos en una red solidaria de universidades públicas y privadas que le prestan sus aulas temporalmente. Tan solo el control escolar y administrativo de ese maremágnum de alumnos y aulas en todas partes se antoja un caos. ¿Y la SEP? El subsecretario Salvador Jara se deslinda con el mayor desparpajo: “Es una institución privada”. ¿Y la Rébsamen no? ¿A ella sí se le puede clausurar?
