México es país rico. No sólo en recursos naturales, sino en términos de la riqueza que su actividad económica genera. El lastre que lo tiene al borde del abismo es la corrupción (gubernamental y social). Pérdidas incalculables al erario público, el cual se despilfarra con total impunidad en todas las formas y casitas imaginables. Lo poco que le queda al país se privatiza o se subasta al extranjero, merced a unas mal llamadas reformas estructurales, decididas y diseñadas desde los centros de poder norteamericanos (la autoría de la reforma energética, desde los Wikileaks se sabe que corresponde a Hillary Clinton).
El grupo neoliberal que se hizo del poder hace varias décadas, aseguraba que su objetivo era evitar los populismos del pasado y preservar los indicadores macroeconómicos. Luego de varias décadas perdidas con magros crecimientos del PIB, los mexicanos se preguntan: ¿Cuál beneficio ha reportado a la población la doctrina neoliberal, que se apresta hasta a privatizar el agua para consumo humano? Los pretendidos macroindicadores del país no podían estar peor: su principal producto de exportación se cotiza en el mercado a menos de su valor de producción; su moneda muestra una devaluación superior al mil por ciento en cinco sexenios, y su deuda externa equivale a la mitad de su PIB.
Por eso, megaproyectos faraónicos como el hidráulico Monterrey VI (llamado "El atraco del sexenio" por quienes hoy ocupan puestos de primer nivel en el rodriguismo nuevoleonés) ilustran a la perfección cómo, aún en esas circunstancias, una clase política sin escrúpulos medra con los recursos públicos para transferirlos a utilidades privadas (47 mil millones de pesos) con el pretexto de prever el bienestar de la comunidad.
Cancelado de manera categórica en diversos pronunciamientos, tanto por el gobernador independiente Jaime Rodríguez como por el coordinador ejecutivo Fernando Elizondo, el proyecto de manera inopinada ha revivido después de que ambos oficiaban sus exequias y juraban que harían pagar a quienes hubieran cometido actos de corrupción, así fueran del mismo ex gobernador Rodrigo Medina.
Pero las cosas han cambiado. La coparticipación de Medina en Monterrey VI conllevaba la inmunidad presidencial a su gestión. Y después de una visita de El Bronco a EPN mudó de parecer ante la opinión pública, probablemente merced a un pacto con el presidente Peña Nieto, quien para abrir boca ya reivindicó al inmunizado Rodrigo Medina (por eso las pesquisas en torno suyo no avanzan), colocando uno de los suyos más involucrados en Monterrey VI, Emilio Rangel, en un puesto clave en la Conagua.
Sin mucho margen de error puede especularse que vista la ambición de Jaime Rodríguez por figurar como el primer candidato presidencial independiente de México (para lo cual ya apadrina a otros independientes a gubernaturas diversas), y a la luz de la precariedad financiera de su gobierno, El Bronco hará de su sexenio un trienio.
Para ello necesita fondos para operar una precampaña nacional que debe arrancar este año si es que quiere tener posibilidades. Peña Nieto lo dejaría hacer a sabiendas que al descontar en el electorado el efecto norteño de El Bronco no le quedaría mucho más para convencer a las tres cuartas partes restantes del país que no se ven reflejadas en él o en sus raquíticos ideogramas.
Posiblemente el trueque a cambio de revivir y llevar a cabo Monterrey VI sea el rescate parcial de la Federación a las finanzas estatales y en alguna medida hacerse de la vista gorda ante otro acompañante que por ahora sólo mira para la constructora Higa, la favorita de Enrique Peña Nieto y la que tiene el contrato adjudicado. Monterrey VI es el arranque de la campaña de El Bronco.
