Después de un intenso debate en la Cámara de Senadores se aprobó el día de ayer el proyecto de reforma al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional (decreto promulgado en marzo de 2019).
Con esta aprobación las Fuerzas Armadas estarán en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó en 2019, con el objetivo de que durante ese periodo la Guardia Nacional desarrolle su infraestructura y capacite a sus elementos.
Legisladores de todas las fuerzas políticas subieron al pleno dando su opinión y el sentido de su voto, algunos con argumentos y otros con diatribas.
Quienes se oponen a la presencia de las fuerzas militares hasta 2028 arguyen que esta medida promueve la militarización del país, impulsando aún más una estrategia de seguridad, iniciada en 2006 con Felipe Calderón, que no ha dado resultados, mientras que los que están a favor mencionan que las corporaciones de seguridad municipales y estatales son muy endebles frente al poderío que han ido adquiriendo año con año las bandas del crimen organizado y que como consecuencia de ello resulta necesario la presencia del ejército en las calles en aras de salvaguardar la seguridad pública del país.
Podrá gustar o no gustar la reforma, sin embargo, creo era necesaria su aprobación en virtud de que la mayoría de las policías municipales y estatales no tienen la preparación, equipamiento y presupuesto necesario para hacerle frente al crimen organizado.
Gobiernos municipales y estatales han sido irresponsables en materia de seguridad pública, no ha habido una depuración de sus policías, es utópico pensar que en 2024 tengan la capacidad de contrarrestar la fuerza de las bandas criminales.
Pocos estados se han propuesto establecer una estrategia de seguridad integral que permita contar con corporaciones policiacas capaces, Coahuila y Nuevo León, a diferencia de la mayoría de las entidades de la República, cuentan con una relativa paz social debido a que han invertido en seguridad pública; desafortunadamente la mayoría de los estados y municipios no tienen definido un plan de seguridad pública, los gobiernos de los estados le “echan la bolita” a la federación, y los gobiernos municipales, a su vez, a los gobiernos estatales.
La reforma contempla que para 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a los estados y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, asimismo, los titulares de los poderes ejecutivos estatales tienen la obligación de establecer anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios con menor población o mayor grado de marginación. La aprobación de esta reforma es solo un bálsamo ya que no soluciona el problema de fondo, es momento que municipios y estados asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública.
