Los representantes populares y autoridades que entrarán en funciones en los próximos días/meses tienen el deber público y moral de cumplir con los compromisos que establecieron ante la ciudadanía durante las campañas electorales.
La crisis económica derivada de la COVID-19 ha ocasionado que millones de mexicanos se sumen a las filas de la pobreza, de acuerdo con datos del CONEVAL el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, por lo anterior, es de suma importancia que los gobiernos municipales y estatales, que están por entrar en funciones, impulsen políticas públicas que permitan detonar crecimiento económico y que de esta manera pueda haber movilidad social.
En el ámbito legislativo los legisladores deben abanderar agendas políticas desde una perspectiva con temas de interés ciudadano y no de partidos políticos.
Economía, empleo, salud, combate a la corrupción, igualdad de género, educación integral, legislar con perspectiva de género, acceso a la salud, inserción laboral, derechos reproductivos (le podría seguir con más temas, pero el espacio de la columna me lo impide) son asuntos que deben estar en la agenda política de las autoridades y de los representantes populares.
Los tres grandes partidos del país, MORENA, PRI y PAN, aparte de su función como organizaciones de representar e integrar diversos intereses de la sociedad, como entidades de interés público deben fungir como observadores del quehacer gubernamental no solo cuando son partido de oposición sino también cuando son partido en el gobierno; las dirigencias partidistas al encubrir a gobiernos con prácticas corruptas e impunes laceran y socavan el sentido de la democracia.
Hoy los ciudadanos tendrán una exigencia para con sus representantes populares y autoridades:
¡Cumplan con lo prometido!
