“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Esta es la frase que le dijo alguna vez el tío Ben a Peter Parker, el joven mejor conocido como Hombre Araña. La frase se aplica a la perfección a Morena y sus aliados, quienes a partir de septiembre podrían tener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, lo que les permitiría realizar cambios constitucionales sin tener que dialogar o negociar con la oposición. Este enorme poder, otorgado por el voto popular y obtenido por la vía democrática, debe usarse con gran responsabilidad. Debe tenerse en cuenta que los cambios que se realicen podrían tener implicaciones de mediano y largo plazos. Para bien y para mal.
Permítanme ilustrar el punto con un sencillo ejemplo numérico. Como es sabido, el simple anuncio de los resultados electorales desató un episodio de turbulencia financiera en el país que se tradujo en una depreciación del peso de 8% y una caída de la Bolsa de más de 5%. Sin embargo, esto no fue lo único que pasó. En la reciente subasta de bonos del gobierno, las tasas de mediano y largo plazo aumentaron entre 0.40 y 0.43 puntos porcentuales. Asimismo, la tasa de interés implícita de los bonos M a 10 años alcanzó los niveles máximos observados en más de una década. Al cierre de la semana, esta tasa estaba 0.4 puntos porcentuales por encima del nivel preelectoral.
Supongamos entonces, por simplificar, que la tasa de interés que paga México por su deuda aumenta en medio punto porcentual (es decir, apenas un poco más de lo que ya ha subido). Esto como resultado del aumento percibido en el riesgo-país por la posibilidad de una reforma constitucional que, entre otras cosas, podría eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). ¿De qué tamaño serían los costos y los “ahorros” de esta decisión?
Los posibles “ahorros”, suponiendo que desaparecieran por completo estos cinco organismos autónomos, serían de poco más de 4 mil millones de pesos al año. La realidad es que los ahorros serían significativamente menores, ya que una parte de la estructura burocrática de estos organismos tendría que mantenerse para llevar a cabo las funciones esenciales que realizan estos organismos.
Por otra parte, el costo del aumento en el riesgo-país sería de medio punto porcentual de la tasa de interés multiplicado por el tamaño de la deuda pública del país. Como la deuda pública total es aproximadamente la mitad del PIB, el costo entonces sería de un cuarto de punto porcentual del PIB (0.005 * 50% del PIB). Esto significa un aumento en el costo del servicio de la deuda de poco más de 83 mil millones de pesos al año. Este aumento representaría casi 20 veces el presupuesto de los órganos autónomos que se pretende desaparecer.
¿Sería esta una decisión razonable? ¿No nos saldría más caro el caldo que las albóndigas? Si se trata de actuar con responsabilidad, este tipo de cálculos son los que se deberían realizar. Un gran poder exige serenidad, autocontención y una enorme dosis de responsabilidad.
