A solicitud del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), he escrito un artículo sobre las desigualdades regionales y el esquema de coordinación fiscal mexicano.¹ Este es un tema fundamental en la discusión sobre el tipo de país que queremos. En esta columna y en la siguiente haré un breve resumen de algunos temas que planteo allí y que considero relevantes para la discusión pública.
Partamos por el principio: ¿cuál es el objetivo del esquema de coordinación fiscal entre los distintos niveles de gobierno en México? ¿Funciona este esquema para reducir las disparidades regionales?
En el documento se hace una breve revisión histórica sobre el esquema de coordinación fiscal mexicano, desde aquella primera ley que entró en vigor en 1978. En dicha ley, el objetivo de la coordinación era fundamentalmente el de resarcirle a los estados la recaudación que dejarían de recibir al haberle otorgado a la federación la potestad de realizar la cobranza de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto sobre la Renta (ISR). El resarcimiento a los estados ocurría a través de un mecanismo conocido como Participaciones.
Posteriormente, con la oleada descentralizadora de los años noventa, se creó otro mecanismo de distribución de recursos a los estados mediante las llamadas Aportaciones. Este otro mecanismo, a diferencia de las participaciones, tenía un doble objetivo: por un lado, financiar los gastos en los que tendrían que incurrir de ahora en adelante los estados para ofrecer servicios como educación y salud y, por el otro, tenía un componente compensatorio que, en principio, podría ayudar a compensar y reducir las desigualdades regionales existentes. Más tarde, en 2007, se realizó una nueva reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que modificó las fórmulas de asignación de los recursos entre los estados. Esta nueva reforma le dio un mucho mayor peso al componente poblacional.
Como resultado de estas reformas, así como de otros ajustes menores que se le han ido haciendo a la Ley de Coordinación Fiscal, hoy en día tenemos una ley muy confusa, con objetivos incluso contradictorios y con demasiadas bolsas que se asignan con criterios o justificaciones poco claras. En consecuencia, tenemos ahora un mecanismo de coordinación fiscal que en realidad contribuye poco o casi nada a la reducción de las disparidades regionales. Por lo anterior, se considera deseable llevar a cabo una nueva reforma de la Ley de Coordinación Fiscal que acelere la transición hacia una distribución equitativa en términos per cápita de las Participaciones y que simplifique la distribución de las Aportaciones. También se plantea la creación de un Fondo Regional de Infraestructura para las entidades menos desarrolladas. Todo esto contribuiría de manera importante a reducir las enormes desigualdades regionales actualmente existentes. Además de lo anterior, también se propone un esquema de reforma a los impuestos a la propiedad y, en específico, al impuesto predial. Este tema lo desarrollaré con un poco más de detalle en la siguiente columna.
¹ “Desarrollo regional con igualdad de oportunidades y movilidad social” https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/01-Esquivel-2024.pdf
