Según los taxistas tradicionales en el mercado, el modelo de negocios de Uber es un caso de competencia desleal. Según ellos, el gobierno está promoviendo una modalidad de servicio que no tiene apoyo ni en la ley ni en las regulaciones.
Puesta la cachucha de economista, es un ejemplo de lo que el profesor Joseph Schumpeter en los años 50 etiquetó como "destrucción creativa." La idea es que la innovación tecnológica suele desplazar la tecnología existente al ofrecer mejor eficiencia, servicio, prestigio (como el iPhone) a precios competitivos. El ejemplo más notorio en la historia universal de destrucción creativa es el motor de combustión interna, que desplazó las modalidades de transporte que habían sido usadas durante los cinco y más milenios anteriores. Pensemos también en el tremendo poder de destrucción creativa del motor eléctrico y del transistor.
En el transcurso de entrevistas no formales durante la semana del 18 a 23 de agosto en el Distrito Federal, escuché los mismos reclamos:
1) El gobierno del DF está distorsionando el mercado al no exigir los mismos requisitos a los taxis Uber que se aplican a ellos;
2) Se les está cobrando mucho menos por la tramitación y permisos;
3) Así, al rebasar la ley y la normatividad, algunos servidores públicos están percibiendo ingresos adicionales que no provienen del erario municipal;
4) Es pasajero no está protegido por una póliza comercial en caso de un siniestro.
El último comentario amerita atención. En el portal de Uber dice que el pasajero sí está protegido por una póliza comercial (sería prudente que el usuario del servicio Uber preguntara sobre la cobertura del vehículo en que se encuentre).
Así que los gobiernos municipales están promoviendo la destrucción creativa en el mercado de transporte particular de pasajeros. Preguntemos en qué medida el gobierno federal está promoviendo la destrucción creativa en el sector energía. Se acuerda que en 2009 el gobierno panista de Felipe Calderón ordenó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, en un golpe institucional de legalidad cuestionable.
En la reforma energética de 2014 no hay golpes de esta naturaleza. Para impulsar la innovación tecnológica, se pudo haber ordenado la desaparición del Instituto Mexicano del Petróleo o el Instituto de Investigaciones Eléctricas, asignando el personal y los presupuestos a laboratorios de universidades públicas y apoyando el proyecto de Smart Grid Mexico (www.smartgridmexico.org).
Es cierto que el gobierno reconoce la existencia de la destrucción creativa de la tecnología de fracking, que destruyó el temor cortoplacista de que el gas natural de Estados Unidos no estaría disponible para importar por ducto.
Al no destruir la aureola soberana de Pemex y la CFE, el gobierno priista nos dice que en el sector energía tiene más fe en el perfeccionismo institucional que en la destrucción creativa.
