En atención a dudas de mi hermana Nely y de todos los ciudadanos que no comprendemos bien estos temas.
Imagínese la importancia de querer reformar el sistema judicial por parte del presidente AMLO, si corresponde a uno de los tres poderes de la nación. Si en ello tiene que ver la aplicación debida de las leyes para todos los ciudadanos. Y si en sus afectaciones directas están inmiscuidos 11 ministros de la nación, miles de magistrados y jueces.
Ahora, desde el miércoles también, miles de trabajadores del Poder Judicial del país que se fueron a paro indefinido por su desacuerdo en su posible aprobación en septiembre.
Podríamos preguntarnos: ¿por qué todo lo anterior, tanta polémica y algunos meses siendo parte central de las noticias, y que últimamente hasta del extranjero hay opiniones?
Porque desde los puntos de vista de los embajadores de Estados Unidos y Canadá (aunque no tiene que ver con las leyes de sus países), estaría en riesgo la democracia y se puede romper el vínculo de confianza en la integración de las economías. Por lo contrario, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha declarado a su favor y no digamos el mandatario actual, quien ha sido el creador y promotor de dicha reforma que desde febrero trató de que se aceptara en el Congreso con negativa respuesta.
Pero como muchas veces en política hay más oportunidades y la revancha, esta vez si puede ser posible su aceptación, cuando el mes que entra, la nueva configuración del Congreso, que es probable que tenga la mayoría calificada, le dé el poder de modificar la Constitución a los integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia que ganaron el voto mayoritario el pasado 2 de junio, y que representan al presidente AMLO para darle su apoyo y aprobarla.
Propiamente lo que se plantea y por lo que se promociona dicha reforma, es que todos los ciudadanos podamos votar por ministros, magistrados y jueces del poder judicial, que sería para el próximo 25 de junio del año que entra. Lo que se haría por primera vez, ya que actualmente el Presidente elige a los ministros en espera de la aceptación del Senado, y el resto de los cargos son por convocatoria y supervisión del Consejo de la Judicatura. Además, también se propone para todos los mencionados, reducir prestaciones y los sueldos para que nadie pueda ganar más que el presidente, así como rebajar la duración de los cargos y solo se extienden en tiempo a los que sean los más votados. En el caso de los ministros actuales no pueden volver a postularse, aunque el resto sí. Todos podrán hacer campaña en los medios, pero no se les dará ingresos para ello, ni se aceptarán donaciones privadas.
Cualquier ciudadano que sea abogado y con ciertos requisitos podrá postularse (que son más según la jerarquía, de entre jueces, magistrados y ministros). En el caso de los ministros la propuesta podrá ser dada diez por el ejecutivo, diez para el poder judicial, diez para el Congreso, que de ahí saldrán los posibles nueve que votaremos todos.
Los que están a favor señalan que el pueblo es sabio y tiene capacidad para informarse y elegir a todos ellos. Para eso harán campaña, se sabrán los nombres. Pero para los conocedores del sistema judicial mencionan que de por si es intrincado conocer los procesos y las funciones de cada cargo, que será muy difícil para el común de la gente conocer todo ello, y tal vez se vote por inercia, por el más popular y por todas las situaciones que igual se dieron en las elecciones a cargos públicos, en el que la madurez democrática no fue total.
Los que defienden la reforma judicial dicen que es necesaria para modernizar el sistema judicial, para limpiar de la corrupción donde se encuentra, mientras los detractores mencionan que lo que se pretende es centralizar el poder y poner en riesgo su independencia.
Recomiendo investigar más a fondo y consultar a expertos en el tema, sin prejuicios políticos y con la convicción de que las consecuencias pueden ser para todos. Como deberían hacer los trabajadores que se fueron a paro y como los integrantes del Congreso, que son los que tendrán que aprobarla.
