La lucha por la narrativa del manejo del Covid ha tenido su correlato en el poder real, en el territorio. Al mismo tiempo que gobernadores y munícipes han culpado a la Federación de cualquier mal manejo de la pandemia, han aprovechado la administración federalista que el gobierno decidió dar a la emergencia. Aquella en la que la Secretaría de Salud establece disposiciones sanitarias generales para toda la república, en tanto los 32 gobiernos estatales, al ser las autoridades sanitarias, se encargan de adecuarlas y aplicarlas.
La teoría federalista implica que las autoridades estatales y municipales son las que tienen (o deberían tener) un mayor conocimiento del territorio que gobiernan, los flujos de personas y mercancías en el territorio, la evolución regional de la pandemia. Sin embargo, esas responsabilidades no se asumen, como han mostrado los ejemplos de Jaime Bonilla o Silvano Aureoles, que acusaron a la SSA de esconder información cuando eran ellos mismos quienes debían mantenerla actualizada.
En cambio, ciertos gobernadores, presidentes municipales e incluso grupos del narcotráfico han configurado el espacio de su autoridad con medidas que tienden más a ser una demostración de poder que a la efectividad para la mitigación de la epidemia. Un ejemplo fue el uso obligatorio de cubrebocas, acompañado de sanciones administrativas, que sucedió en siete estados. Sobresale, desde luego, el caso de Jalisco, cuyo gobernador Enrique Alfaro emitió un Acuerdo en el que instruía a las autoridades municipales a verificar el cumplimiento de tal disposición, teniendo como resultado 412 personas detenidas y la indignante muerte de Giovanni López.
Otros han impedido constante y deliberadamente el flujo de información con la Federación sobre sus casos de COVID-19, tal y como sucedió en Querétaro, donde se ocultaron cifras sobre la capacidad hospitalaria para evitar que se trasladaran pacientes de otros estados. Hay que dimensionar las implicaciones, posiblemente criminales, del engaño: los datos que la Secretaría de Salud utiliza para informar, analizar y emitir lineamientos a la población, provienen exclusivamente de lo reportado por los estados, que han decidido administrar una ceguera que luego reclaman.
No han sido, sin embargo, los gobernadores los únicos que han fortalecido su control sobre los flujos, los recursos, la información y los cuerpos. Así lo deja ver el informe de observaciones sobre violaciones a derechos humanos en el contexto de la pandemia presentado por la Secretaria de Gobernación en días pasados. Destaca que en abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial, donde Sonora se caracterizó por haber implementado 20, seguido de Yucatán y Quintana Roo. De manera similar sucedió en Iguala, Culiacán, Tuxpan y Los Mochis, con la radical diferencia de que quienes impusieron el toque de queda fueron grupos del narcotráfico. Sobre ello, Gobernación sólo identificó que en Culiacán fue el cártel de Sinaloa y en Tuxpan el Grupo Sombra.
Visto en su conjunto, en el contexto de la epidemia los agentes locales han incrementado de una u otra forma su poder territorial. Estamos frente al triunfo de la inercia federalista que no necesariamente tiene ni tendrá un efecto positivo en el bienestar de la gente. El opaco y corrupto manejo de ciertos gobernadores que quiso erradicarse con el paso del Seguro Popular al Insabi se ha impuesto por la fuerza de la pandemia. En este episodio, la Federación no dio batalla por el territorio.
