La reciente radiografía sobre los ecosistemas noticiosos locales en América Latina, presentada por la Fundación Gabo y Quinto Elemento Lab, confirma lo que en muchos territorios ya era evidente; que ejercer periodismo en estados como Jalisco es, cada vez más, una actividad marcada por la precariedad, la censura y la supervivencia. La crisis estructural del periodismo local no es un síntoma más, sino una alerta grave.
Cinco de los diez municipios jaliscienses analizados —Arandas, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán de los Membrillos, Teocaltiche y Tizapán el Alto— son ‘desiertos informativos’. Esto no es una metáfora. Son zonas donde no existen medios locales funcionales, donde la información circula mediada por el silencio, el miedo o el control político. En el mejor de los casos, la cobertura llega de forma esporádica desde Guadalajara; en el peor, no llega nunca. La población queda a merced del rumor, la propaganda o el crimen organizado.
Los llamados ‘semidesiertos informativos’ —como Lagos de Moreno, Autlán y Ocotlán— tampoco ofrecen mayor consuelo. Allí los medios resisten en condiciones laborales frágiles, bajo presiones gubernamentales o dependiendo casi exclusivamente de fondos públicos que comprometen la autonomía editorial. En Lagos, por ejemplo, subsiste un medio independiente que ha enfrentado amenazas por el simple hecho de informar. ¿Cuántos más han desaparecido sin dejar rastro?
Incluso en zonas clasificadas como ‘semibosques’, como Guadalajara y Puerto Vallarta, la pluralidad informativa se ve seriamente limitada. En la capital del estado, aunque hay mayor concentración de medios, muchos dependen de contratos con el sector público. En Puerto Vallarta, una sola empresa posee varios medios, lo que reduce significativamente la diversidad de voces y enfoques. La captura de medios por intereses políticos o comerciales parece ser la norma, no la excepción.
El 64% de quienes ejercen el periodismo en Jalisco son mujeres, la cifra más alta del país, y se reporta una notable inclusión de personas LGBTQIA+ y en situación de discapacidad. Estos datos, en apariencia alentadores, se ven ensombrecidos por la normalización de la violencia, las agresiones digitales, las presiones del crimen organizado y la autocensura.
Jalisco ocupa la posición 18 en agresiones a la prensa, según Artículo 19. No parece alarmante, hasta que se considera la magnitud del bloqueo informativo, las campañas de desprestigio y el desplazamiento forzado de periodistas. La violencia no siempre es explícita, pues muchas veces se manifiesta en la invisibilización, el descrédito sistemático o el retiro discreto del financiamiento.
La radiografía es clara. El periodismo local en Jalisco no florece, sobrevive. Y lo hace en un ecosistema donde la independencia editorial es vulnerada, la precariedad laboral es regla y la información se convierte en un bien escaso.
