El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Jalisco, que ordena al Ayuntamiento de Zapopan otorgar permiso para construir 17 mil viviendas colindantes al Área Natural Protegida del bosque de Nixticuil, confirma —una vez más— por qué este tribunal se ha ganado a pulso el título de enemigo público número uno de la ciudad. No se trata de un tropiezo aislado, sino de un patrón sistemático y recurrente en el que la justicia administrativa se sitúa al servicio de intereses inmobiliarios, en abierta contravención al derecho a un entorno urbano sustentable de los habitantes de la ciudad.
Una vez más, la sentencia favorece a una empresa con un historial de abusos y omisiones que incluye dejar sin agua a 20 mil familias en 2020, por no dar mantenimiento a los pozos. Ocho años de litigio desembocan en un “triunfo” de desarrolladores sobre la lógica ambiental, urbanística y social. Sobre el derecho a la ciudad. La magistrada que firma la resolución es la misma que, meses atrás, autorizó el desarrollo “El Dosel” dentro de la zona de influencia del Nixticuil. El mensaje es claro, las Áreas Naturales Protegidas no son un límite, sino un reto a sortear con abogados, sobornos y magistrados cómplices.
La herida ambiental es profunda. El predio de 100 hectáreas forma parte de una zona de conservación ecológica que contribuye a la recarga hídrica y preserva biodiversidad. El propio Plan Parcial del Sector Tesistán lo catalogaba como incompatible con desarrollos habitacionales. Pero para el TJA, el “interés social” se reinterpreta a conveniencia de quien paga, pues no es la colectividad quien importa, sino el patrimonio del desarrollador que, según la sentencia, no debe sufrir “daño patrimonial”.
Para este Tribunal, enemigo público de la ciudad, el “interés social” se reinterpreta a conveniencia, convertido en un concepto maleable que se ajusta al beneficio de quien ostenta capacidad económica y poder de cabildeo. No es la colectividad quien importa —sus derechos a un medio ambiente sano, a la movilidad funcional, al acceso digno a servicios—, sino el patrimonio privado del desarrollador que, según la sentencia, no debe sufrir “daño patrimonial”. En este marco torcido, perverso y lesivo, la protección de un negocio adquiere el rango de bien jurídico superior, mientras que la afectación a los bienes comunes —el bosque, el agua, el aire, la biodiversidad, los ciudadanos— queda reducida a un daño colateral tolerable.
Así, el interés público deja de ser la suma de derechos de la ciudadanía para convertirse en la suma de intereses de quienes pueden pagar por un litigio bien ‘aceitado’. Esta es la trampa jurídica que permite que el Tribunal se convierta en instrumento rentable para el despojo legalizado, blindando la rentabilidad privada y desprotegiendo, en la práctica, el patrimonio natural de la ciudad a sus propios habitantes.
Lo más grave es que este tipo de resoluciones no se imponen ‘a pesar’ de los gobiernos municipales, sino muchas veces, ‘gracias’ a ellos. La omisión deliberada de defender adecuadamente los casos, la ausencia de entrega de información oportuna y la simulación procesal, son formas sutiles de participar en el despojo. El Ayuntamiento, que públicamente declara oponerse a la obra, en los hechos entrega licencias por vía judicial, por omisión y con la comodidad de culpar al Tribunal. Es un guion ya ensayado en Jalisco. El litigio se “pierde”, para no asumir políticamente la decisión de autorizar lo inaceptable.
Este fallo no solo amenaza un bosque, sino la justicia misma del marco normativo urbano y ambiental. Cada sentencia erosiona un área natural, un plan de ordenamiento o una restricción de uso de suelo. El resultado final es una ciudad expandida al ritmo de la especulación, sin infraestructura suficiente, con movilidad colapsada y ecosistemas despedazados.
El bosque de Nixticuil ha perdido en dos décadas cerca de 500 hectáreas por urbanización; la amenaza de otras 400 con cambio de uso de suelo aprobado es una advertencia de que se desvanece la frontera verde de la ciudad. El TJA es la herramienta jurídica para que ese despojo sea “legal”, y para que las autoridades municipales se laven las manos, mientras a la ciudad se le condena a vivir peor, colapsada por la corrupción.
