El delito de disolución social, que tipificaba entre otras conductas, difundir ideas de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público, lo utilizó el gobierno en los 40’s, 50’s y 60’s, para reprimir a la izquierda; encarcelando entre otros a Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Othón Salazar, y Heberto Castillo.
Si Jesucristo, hubiese vivido en esos años en México, predicando su evangelio, probablemente lo hubieran procesado por el delito de disolución social; porque su prédica de otro país, considerarían, quienes estaban en su contra, alteraba el orden público.
Cuando Cristo, estaban vigentes dos derechos: el de Israel, basado más en costumbres religiosas que en la razón; y el romano por ser Israel dominio de Roma; por lo que se le siguió un doble proceso.
El Gobernador romano en Israel ante quien se puso preso a Cristo, era Poncio Pilato, quien sabiendo la respuesta de Cristo, cuando le enseñaron una moneda, de:
“Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, dijo que no encontraba delito en Cristo, porque no conspiraba contra Roma, y lavándose las manos lo entregó al Sanedrín: asamblea de sabios y sacerdotes judíos, que erigiéndose en jurado, condenaron a Cristo, a morir en la cruz, por hacerse llamar hijo de Dios; lo que representaba un peligro para los intereses políticos y económicos de los fariseos.
El Estado siempre ha creado delitos para proteger a la nación; como el de disolución social, en 1941, durante la Presidencia de la República, de Manuel Ávila Camacho, para defender a México, contra los efectos de lo que había quedado del nazismo, que eran muy peligrosos.
El gobierno de Miguel Alemán, en los 50’s, amplió el tipo penal del delito de disolución social, a “paralizar ilícitamente servicios públicos o industriales básicos, a subvertir la vida institucional de México, o a realizar actos de provocación con fines de perturbación del orden y la paz públicas, así como la realización de tales actos”; aumentando la penalidad de dos a seis años, a la de dos a doce años, para no tener derecho a libertad bajo fianza; reprimiendo así a los izquierdistas; derogado finalmente por el gobierno de Luis Echeverría, en 1970, como una conquista del movimiento estudiantil-popular del 68.
