Se nos ha hecho costumbre emprender una gran reforma electoral cada dos o tres años. Siempre para mejorar, perfeccionar, ampliar, garantizar. Y siempre definitiva. En cuanto se anuncia, es un gusto ver a los políticos, divertidos como niños en el patio de recreo: van y vienen ocurrencias, promesas, forcejeos, y hay a veces hasta pedradas. Proponen cambiar las reglas, los procedimientos, los calendarios, y siempre proponen cambiar al consejo general, todos con la intención transparente de buscar un arreglo legal que les ofrezca alguna ventaja. El juego consiste en aprovechar el desprestigio de la política, y ofrecer una reforma contra los partidos.
En el PRI (y el PAN y el PRD) piensan que la reforma “es urgente”. Para empezar, piden reducir el número de consejeros. No hay una razón política, institucional, ninguna razón lógica, nada que explique por qué deben ser seis o cuatro o tres, y si se trata de ahorrar, lo más barato sería que no hubiese ninguno. En todo caso, si se cambiara el número habría que elegir de nuevo a todo el consejo, y habrá quien piense que se trataba de eso. Dicen también que hay que “evitar la intromisión de los poderes fácticos”, que es una muy buena idea, salvo que por algo se les llama “poderes fácticos” —peccata minuta.
Otra ocurrencia es que las credenciales para votar las emita la Secretaría de Gobernación. Saben, alguien en alguno de los tres partidos sabe que eso no significa que la emisión de credenciales vaya a ser gratis, sino que el dinero que ahora se usa para eso mediante el INE se transferirá a Gobernación, es decir, que no es realmente un ahorro. Pero además saben, imagino que alguien sabe que el INE tiene infraestructura, presencia en todo el territorio, personal y experiencia, que no tiene nadie más. Significa que podríamos pasarnos veinte o treinta años gastando mucho más para crear un aparato como el que ya existe, y mientras tanto tendremos credenciales que acaso no serán del todo confiables. Y habrá quien piense que se trataba de eso.
El senador Ricardo Monreal tiene una rara habilidad para mezclarlo todo. Dice que se trata de “construir la democracia… como un sistema de vida”, para lo cual hay que meterse con los partidos, las campañas, la burocracia, las circunscripciones electorales, pero que “el quid y la litis del asunto” es el costo de las elecciones. En ese costo le cabe “la cifra negra del dinero privado” que implica “fuentes y compromisos inconfesables”: con tres décadas de experiencia de competir en elecciones, sin duda sabe de lo que habla, pero no propone nada concreto. Sí dice que hay que reducir el número de legisladores, pero no ofrece ningún argumento político para explicar un cambio así en el sistema de representación: menos diputados, menos senadores, supone otro orden territorial, otras formas de vinculación entre electores y representantes, otra lógica en el funcionamiento de las cámaras, y el senador Monreal sólo dice que es para ahorrar. Extraño. No se me ocurre una manera más ofensiva de referirse al Congreso: da lo mismo si son 500 o 300, la cosa es que salga más barato —hay para pensar que, si fuese solo eso, hasta diez diputados serían caros.
Fernando Escalante Gonzalbo
