No hay de otra, para ganar la batalla a la violencia y la corrupción es preciso abatir la impunidad. Esto obligadamente pasa por la capacidad del Estado para llevar la justicia a los responsables de los delitos. Está bien eso de atacar las causas profundas de la criminalidad, particularmente la desigualdad social y la falta de oportunidades. La cuestión es que, a pesar de las medidas compensatorias del gobierno, si no hay crecimiento sustantivo habrá más delincuencia, mucho más cuando se envía un mensaje de complacencia a los peores delincuentes.
Para tranquilidad del país, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha entendido los términos de su responsabilidad en la delicada y compleja tarea que le atañe. Su propuesta de mejorar la capacidad de la dependencia a su cargo para hacer frente al crimen ha sido maliciosa o ingenuamente tergiversada. La realidad es que es necesario fortalecer en todos los sentidos la Fiscalía General de la República. Su titular tiene claridad sobre su responsabilidad, pero el reto de contar con una institución confiable, eficaz y a la altura del reto que enfrenta requiere del respaldo desde todos los frentes: el legislativo, financiero e institucional.
El Presidente también puede sentirse tranquilo por quien está a cargo de la Fiscalía, un funcionario con estricto sentido de legalidad, comprometido con la justicia y que mantiene una estrecha coordinación, como debe ser, con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Tal entendimiento es fundamental para el Estado mexicano y para hacer frente a uno de los más graves y quizá el más de estos tiempos: la impunidad. Si solo la cuarta transformación significara un punto de quiebre en términos de justicia, sería suficiente para trascender como proceso histórico y esto no estaría en la economía ni en la política social, sino en la Fiscalía, en especial si el Congreso da paso a la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, en un ejercicio conjunto de la Corte con la Consejería.
La corrupción no se combate con medidas espectaculares, con baladronadas ni con una aplicación selectiva de la ley. El debido proceso es el eje de la lucha contra el crimen. La investigación no debe manejarse con frivolidad o para complacer lo que se presume es del interés político del Presidente. De la misma manera, enfrentar a la delincuencia demanda rigor legal, sobriedad y cuidado. La propensión a la exposición pública riñe con el cuidado al que obliga la tarea de investigación, además de que afecta el debido proceso y, particularmente, la presunción de inocencia.
Es la investigación la que determina los alcances de la responsabilidad penal. No es un tema de cálculo político, tampoco mandato de consulta popular. Se aplica la ley porque es razón de Estado, fundamental para la convivencia y la paz pública. Se llega tan lejos al determinar responsabilidad como se derive de la investigación y de la fortaleza de las presunciones y de los elementos de prueba. El Fiscal es quien materializa una de las frases recurrentes del Presidente: nada ni nadie por encima de la ley.
Un fiscal confiable interioriza y practica el sentido de igualdad frente a la ley. También supone capacidad para que el proceso penal tenga lugar con elementos de prueba convincentes y suficientes para que el responsable del acto delictivo encare la acción de la justicia, consecuencia necesaria de su propia conducta. El perfil del Fiscal garantiza que es la ley y solo la ley la que manda, define y determina quién y qué. Se habla de una justicia sin consigna, la que no solo requiere y supone un juez imparcial, sino también un fiscal eficaz y con sentido de legalidad.
El país plantea un reto monumental en materia de legalidad. El déficit de justicia atenta contra todo y contra todos. Estamos en una circunstancia crítica, pero también ante una gran oportunidad para lograr uno de los anhelos de siempre: justicia.
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