Se ha cumplido el término del regreso del Grupo Internacional de Expertos Independientes pagados por el gobierno de México y postulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su incorporación vino por los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala con la idea de contar con una aportación independiente y de reconocido prestigio. Las razones de las autoridades de su inclusión debieron corresponder a dos necesidades: tender un puente de comunicación con los familiares de las víctimas y sumar experiencia y profesionalismo para dar con la verdad.
En buena parte el propósito se ha cumplido. De hecho, en la versión de los acontecimientos trágicos el único tema en el que había diferencia era si los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río, lo que explicaría la dificultad para dar con los cuerpos. La versión de las autoridades se desprendía de testimonios de los detenidos y del examen del lugar de los hechos. En la versión del experto José Torero, no había elementos para sustentar tal hipótesis.
Los expertos tuvieron que transitar por atender la visión de los padres y particularmente el explicable anhelo de que los jóvenes estuvieran vivos. Esta situación se da en un entorno de total descrédito a las autoridades municipales, estatales y federales. Incluso, la influencia radical que desde décadas subsiste en la zona y en la normal de Ayotzinapa hace fácil trasladar la sospecha a las fuerzas armadas. Los padres no están solos y cuentan con el apoyo legal y político muy afín a la visión antisistémica respecto al Estado mexicano. En este contexto un poco de mesura o de racionalidad de los expertos los hubiera llevado a la sospecha y hubieran sido objeto del repudio y de señalamiento de traición por quienes les invitaron.
En tiempos de guerra o de polarización ideológica la verdad es sometida a las necesidades de las partes. No se puede decir que el GIEI haya mentido, de hecho, su informe en buena parte avala la tan repudiada verdad histórica de la PGR del procurador Murillo Karam. El tema se centra en lo acontecido en el basurero. Su relevancia está en que daba espacio a las versiones más disparatadas, promovidas y propaladas no por los expertos, sino por quienes pretendían hacer de la tragedia la chispa para una revuelta contra el Estado mexicano. De allí que los padres hayan caído en la especie de que los muchachos habían sido trasladados a instalaciones militares y allí estaban aprehendidos.
A partir de la polarización se puede decir que fue positiva la presencia del GIEI, pero hay temas que señalar. Faltó prudencia y también hubo intolerancia, como se muestra en el informe final de un tercer grupo de expertos (que incluye a José Torero) que concluye que en el basurero pudieron haber perecido al menos 17 personas y que está por aclararse si hubieran sido hasta 43. Su rechazo a la presentación de resultados es una afrenta a la verdad y a la colaboración que tuvieron de las autoridades. Al final queda claro que jugaron a favor de una de las partes y no de la verdad. Nuevamente, su actitud servirá a la causa radical que con singular cinismo se ha servido de la tragedia.
Se cumplió el término y ha llegado el momento de su partida. Es explicable que el exégeta, vocero y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, diga que era obligación de las autoridades extenderles el mandato. Así es, porque no los padres, sino quienes se han servido de ellos, requieren de la legitimidad y la cobertura que les impida ser exhibidos en su afán de lucro político de la masacre y del legítimo derecho de los familiares de las víctimas al dolor y la sospecha.
La verdad queda al descubierto y es de la mayor gravedad: las autoridades policiacas actuaron al servicio del grupo criminal dominante y entregaron a los muchachos quienes fueron aniquilados por confusión o para dar muestra de lección ejemplar a cualquiera que desafiara el orden impuesto en la zona por los criminales.
Su secuela tiene serias consecuencias políticas, especialmente al partido y personajes que promovieron, llevaron al poder y protegieron al alcalde de Iguala y a su esposa. Es evidente la negligencia de las autoridades estatales para actuar frente a una grave descomposición institucional que siendo detectada no fue resuelta. También es una llamada de alerta al gobierno federal en su capacidad para identificar y actuar ante este tipo de circunstancias.
Ayotzinapa deja una lección dolorosa que no parece procesarse con la seriedad y urgencia que merece. El Congreso ha sido renuente para atender las iniciativas del Presidente, especialmente la que atiende al nuevo modelo policial y las que confieren capacidad a los poderes federales para actuar en tales circunstancias. Veracruz revela que no se ha aprendido de la tragedia.
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