La alarmante situación por la que atraviesan los municipios mexiquenses en materia de seguridad, desde la región sur hasta las dos zonas metropolitanas que conforman el Valle de México y el Valle de Toluca, indudablemente evidencia la falta de autoridad e interés para remediar el principal malestar de la población: vivir en la zozobra a merced de los grupos criminales.
Con carta libre, el ingenio delictivo parece no tener límites y cada día surgen nuevas formas para dañar el patrimonio de las personas que trabajan y la extorsión no se queda atrás; es secreto a voces que los pequeños y medianos comerciantes –principalmente del sur- están a las órdenes de los perpetradores del delito, quienes fijan precios de todos los productos, perecederos o no, que satisfacen las necesidades básicas de los habitantes.
Son ellos quienes se presentan como “intermediarios” y quienes determinan y obligan a la población a comprar y vender con los precios que ellos mismos establecen en insumos como el pollo, la tortilla, leche, aguacate o inclusive materiales de construcción. Problemática que ocurre no solamente a los micro y pequeños empresarios, sino también en las grandes cadenas comerciales quienes ceden ante la amenaza de violencia en un país cooptado por la sed de sangre.
Las autoridades locales lo saben y en muchas ocasiones se encuentran sometidas o incluso aliadas con estas prácticas, acoto, principalmente en el sur de la entidad, y es menester dejar atrás priorizar los esfuerzos en temas electorales y dedicarse a reducir los índices delictivos en los municipios, en los estados y en el país.
Interesante resultó la propuesta del recién llegado Fiscal de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, para modificar el artículo 199 del Código Penal para que se actúe sin denuncia previa contra aquellos individuos que ostenten tales fines delictivos. Estamos al límite, pues los criminales se están apoderando de la parte productiva de este estado y de las fuentes legítimas de comercio de las personas.
La propuesta la dio a conocer hace unos días ante empresarios del Valle de México y, en sus propias palabras, tiene como finalidad castigar al que se ostente, maneje, acapare el mercado de productos legítimos y haga un monopolio de ellos con fines comerciales ilegales. De prosperar la propuesta, los culpables serían sancionados a través de una figura que será equiparada a la extorsión y que no requerirá la denuncia de nadie, permitirá a la autoridad entrar de lleno y de tajo a terminar con esta terrible actividad. Veremos.
Fabián Rodríguez
