La no aprobación de la última cuenta pública de la administración de Eruviel Ávila Villegas como gobernador, marcó el rompimiento oficial entre el PRI y Morena e igualmente, el término de la “luna de miel” legislativa tras la llegada de un nuevo modelo político en el Estado de México autonombrado el “representante de una cuarta transformación”.
En el caso de la política mexiquense, la lectura es más profunda que simplemente regresar ante comisiones legislativas un dictamen de Cuenta Pública por supuestas deficiencias en observaciones realizadas por el titular del Órgano Superior de Fiscalización estatal, Fernando Baz. Al parecer el caso podría trascender en el ánimo del propio Andrés Manuel López Obrador y centrar sus objetivos en el ex gobernador mexiquense.
Las señales son muchas: no aprobar esta Cuenta Pública, la eliminación de fuero a nivel federal así como las recientes declaraciones del presidente electo en las que destaca que durante su mandato no se perseguirá a nadie por corrupción, a menos de que exista una investigación pendiente. ¿Podría hacer referencia a que Eruviel Ávila será el primer personaje que tendría que dar cuentas por diversos hechos? Actos que podrían afectar, en lo consecutivo aún más la propia imagen del Estado de México.
Y es que en el caso de la administración estatal de Ávila Villegas existen varias indagatorias en curso realizadas, precisamente, por la Auditoría Superior de la Federación, exhibidas en medios de comunicación en los últimos 24 meses y que tienen entredicho a rubros como en el de Comunicaciones -caso OHL- o el más sonado y lastimoso del que el propio gobierno actual está tratando de remediar: el posible mal uso de los recursos en salud por la falta de medicamentos e insumos para atender a la población, área en dónde Ávila Villegas mantuvo, durante todo su gobierno, a César Gómez Monge y de quien se dice tendrá mucho qué explicar. Todo a su tiempo.
Sin embargo, es en cierta medida risible que personajes de menor talla insistan en crear cortinas de humo por este tema exigiendo la renuncia del propio titular del OSFEM como lo hizo ayer del perredista-morenista, Emilio Ulloa. Vaya atrevimiento del Consejero Nacional de Morena, al afirmar que el Órgano Superior de Fiscalización mexiquense es “tapadera del gobierno”.
Inaudito que cuestione la calidad moral de algunos servidores públicos cuando él mismo y sus hermanos han sido señalados, en varias ocasiones, como partícipes en actos de corrupción y tráfico de influencias.
Recordemos que José Juan fue delegado de Gobierno en Chiapas donde fue acusado, también, por intento de despojo.
