Es comprensible que el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza haya reiterado su apoyo a la creación de la polémica Guardia Nacional propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ciertamente el tema haya polarizado las opiniones en diversos ámbitos, especialmente al interior del Senado de la República, donde se discute su aprobación -que parece inminente- y donde legisladores priistas, inclusive, difieren tajantemente de la opinión de la afirmación del mandatario mexiquense:
“Depositamos nuestra confianza en esta institución (la Guardia Nacional) que se formará de mujeres y hombres que conocen y que saben de la disciplina, de la entrega y de la valentía militar”. Así lo expresó esta semana el gobernador Del Mazo, en ocasión, justamente de la celebración del Día del Ejército.
Contrariamente a este apoyo -que también es apegado a la línea política de todos los gobernadores priistas- en la cámara alta los senadores tricolores expresaban una retórica muy diferente a las líneas del gobernador mexiquense, al grado que, se interpreta, claramente la Guardia Nacional dividió al PRI.
La postura estatal deja más preguntas que respuestas. Volverse crítico no destruye.
Si bien la relación entre ambos gobiernos debe ser institucional, de cooperación y no de división, ha sido claro que en ese tema, como en otros, la postura del gobernador, hasta ahora ha sido de abierto apoyo a las políticas públicas que intenta implementar el nuevo gobierno federal, sin el mínimo asomo de crítica, aunque en ocasiones rayana casi en una suerte de sumisión.
En la iniciativa que aún discuten los legisladores para la creación de la Guardia Nacional se acepta que la corporación tendrá un mando civil, pero por su composición, mayoritariamente integrada por elementos del Ejército y la Marina, se aduce que propiamente se trata de formalizar con ella la actuación permanente de las fuerzas armadas, no solamente en defensa de la soberanía y seguridad nacional, como les corresponde, sino en seguridad pública, donde actuarán inclusive por sobre las fuerzas civiles de seguridad, llámense estatales o municipales.
En ese sentido, el abierto espaldarazo de Del Mazo a esa figura bien puede interpretarse, también, como un tácito reconocimiento de las dificultades de su gobierno en el combate abierto a la inseguridad en el Estado de México, a pesar de los enormes recursos y acciones que en esa lucha ha destinado su administración.
Cabe esperar entonces que, con la aprobación casi inminente de la Guardia Nacional, sea el Estado de México una de las entidades, si no la principal, donde se pruebe su eficacia o no, para efectivamente disminuir los índices de delincuencia y criminalidad que azotan a la entidad, ante la insuficiencia probada de las fuerzas de seguridad locales, responsabilidades directas del gobierno estatal y los gobiernos municipales.
La pregunta es si con ello, la Guardia Nacional asumirá también las tareas de combate al crimen organizado que hasta ahora asumen el Ejército y la Marina como amenaza a la seguridad nacional y hasta cuándo, con ello, las fuerzas armadas se retirarán a los cuarteles, como parece ser el reclamo social, ¿Hasta cuándo?
Y es que todos tenemos claro que las fuerzas armadas ayudan al combate contra la delincuencia, pero legalmente, por el momento no pueden salir de las calles. Esa indefinición también es un absurdo.
Debemos tener la certeza de cuándo las fuerzas armadas van a regresar a sus tareas sustantivas y cuándo le será regresada la atribución de otorgar seguridad pública a los gobiernos estatales y municipales, quienes son los que cuentan con 80 por ciento de la fuerza pública de este país .
Insisto, para el gobernador Del Mazo volverse crítico no destruye, menos si representa a 17 millones de mexicanos. El Estado de México ocupa los primeros lugares en los rankings de inseguridad porque existe, en mi opinión, un estado de derecho débil. La Guardia Nacional debe de ser la columna vertebral del verdadero ataque hacia el crimen organizado, pero debe ser civil. Atentos.
