Qué sí y qué no puede el titular del Poder Ejecutivo Federal comentar durante el inminente periodo de tiempo del proceso electoral para la integración de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (además de diversas elecciones de carácter local en la misma jornada).
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, como su nombre lo indica, parte operativa integrante de la Suprema Corte y sus veredictos son la última instancia legal: sobre las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral, INE.
Empecemos por lo que no. Por indicación expresa del Tribunal, el INE ordena al Poder Ejecutivo Federal (en realidad: a los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno) “abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación entre otros); cargos de elección federal y local; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas federales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como encuestas de intención de voto o preferencias electorales”.
Está todo muy claro y muy preciso: nada que tenga que ver con el inminente proceso electoral.
Lo que no está prohibido, está permitido. Es más: cualquier autoridad constituida no sólo puede, sino que está obligada, ética y legalmente a la plena transparencia sobre sus acciones de gobierno. Obligación que corresponde exactamente al derecho indeclinable de las y los ciudadanos a estar plenamente informados de los actos de gobierno de sus mandatarios (o sea: mandaderos). Si hace bien las cosas, le conviene informar.
Entre los temas nacionales de actualidad, el Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá seguir informando a la ciudadanía sobre asuntos como:
- Por qué un país petrolero como México, que produce hoy, en promedio, 2 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, quema al aire (desde hace más de 20 años) hasta un 20 por ciento de lo extraído, y en cambio, está atenido a la prohibición de una instancia ajena a nuestra soberanía como es el gobernador de Texas (respetos para él) para contar con un abasto hoy por hoy esencial para nuestros hogares norteños y la industria nacional, específicamente automotriz;
- Por qué teniendo, como tuvimos, una empresa pública estratégica para la salud pública, como Birmex, productora de vacunas universales, hoy está desmantelada; y toda la logística para vacunar contra la pandemia actual está supeditada a los erráticos envíos de las vacunas producidas en otros países;
- Por qué todavía hoy en 2021 el salario mínimo acordado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo no logra ni la mitad del poder adquisitivo que tuvo en 1976 (el último año del secretario del Trabajo Porfirio Muñoz Ledo);
- Por qué PEMEX pagó el año pasado al fisco derechos sobre valor de extracción por el 58 por ciento, como ninguna petrolera del mundo.
