Hay un problema del que mucho se habla, pero del que poco se actúa, con implicaciones muy fuertes en nuestra sociedad y en el sistema de salud pública y educativo. Hablamos de una pandemia que también se manifiesta a nivel global y tiene a México como punto de referencia y que representa uno de los grandes retos de los gobiernos, porque el sobrepeso y la obesidad han ido creciendo de manera alarmante y no contamos con programas o propuestas claras y eficientes de cómo revertir su aumento.
La pandemia por Covid-19 reposicionó el debate de la salud pública y nos hizo revalorar nuestra situación personal y todas las implicaciones a su alrededor. Seamos claros, todas y todos en algún momento nos preocupamos por nuestra salud ante la amenaza de una enfermedad desconocida y todos los gobiernos estuvieron a prueba por el reto que representaba la demanda de atención y las capacidades reales de atender a una población vulnerable y con severas complicaciones derivadas de otros padecimientos. A pesar del aumento de casos, la vacunación ha ayudado a mitigar los efectos devastadores de la covid-19 comparado con hace dos años, pero las deficiencias en salud no solo siguen, sino que podrían haberse agravado con el paso del tiempo y la obesidad como factor de riesgo.
El sobrepeso y la obesidad atacan desde las edades más tempranas y en el momento que más atención se requiere para el desarrollo integral de las personas en todos los ámbitos, no por nada el interés superior de la niñez se aborda con un enfoque multidisciplinario que requiere el apoyo de todas y todos. Las niñas y los niños enfrentan condiciones difíciles y el Estado debe brindar, más que nadie, las garantías necesarias para que puedan crecer en igualdad de oportunidades y tanto el sobrepeso como la obesidad son factores críticos para eso.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud en tan solo cinco años la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mayores de cinco años pasó del 36.2 % al 38 %, lo que puede representar un reto mayúsculo para un sistema de salud pública deteriorado y que, a pesar de algunos esfuerzos presupuestales y con programas de dudoso alcance, resulta insuficiente y tampoco se discute con la suficiente seriedad para dar voz a especialistas que nos marquen líneas de acción en busca de mejores resultados ante el evidente fracaso que, insisto requiere de la participación de todos los sectores.
Uno de estos sectores es el educativo. Luego del hogar, la escuela representa el espacio natural de la niñez que se enfrenta a este tipo de padecimientos y también son lugares donde se siguen manifestando prácticas de bullying por este motivo. Basados en el interés superior de la niñez como principio rector, la diputada Mara Robles propuso en la legislatura pasada una nueva ley de educación que fue aprobada de manera unánime y que contempla una serie de estrategias que los gobiernos estatal y municipal deben implementar, acompañados de la corresponsabilidad de padres de familia y tutores, todo para brindar a las niñas y niños jaliscienses un espacio no sólo para la educación, sino para la construcción de la paz y espacios y prácticas de vida saludable.
La lucha contra el sobrepeso y obesidad es una batalla por la calidad de vida de las personas que hoy ya padecen sobrepeso, una batalla que exige iniciar ya desde las bases de la formación misma de todo ser humano; pensemos en la población infantil en la que ha crecido el porcentaje de sobrepeso u obesidad que no recibe la atención de una persona especialista para darle seguimiento puntual su caso y pueda orientar a su familia para un tratamiento integral. Pensemos que esa atención, gracias a la visión y consenso de todas las y los legisladores se hizo obligatoria, aunque el gobierno del estado no ha emprendido acciones al respecto. El alumnado de educación básica en Jalisco debe contar con un especialista en nutrición que dé acompañamiento y orientación para reducir los efectos del sobrepeso y la obesidad, ya constituyen un grave problema.
Pero también afecta a las finanzas públicas del país, nuestro sistema de salud sobrevive colapsado. Por eso pensemos que, de implementar medidas preventivas desde una temprana edad, se podría reducir el número de pacientes que requieran tratamientos de especialidad. Es decir, se mejora la situación financiera pero lo más importante habrá un cambio en la calidad de vida de muchas personas.
En Jalisco tenemos una gran ventaja, una ley de vanguardia, pero también la desventaja de su desaprovechamiento. En un gobierno la omisión también es responsabilidad. Iniciemos por exigir que se cumpla con la Ley de Educación del Estado que contempla al gobernador como promotor de la salud y lo obliga a vincular la educación con el sistema de salud. Donde la autoridad educativa es la orientadora de padres y madres de familia.
Tener acceso o no a un especialista en nutrición que nos ayude a entender la alimentación y los beneficios de practicarla aumenta la ya desproporcionada desigualdad que padecemos. Apostar por la salud preventiva es la mejor relación costo-beneficio, más si se hace desde el enfoque educativo.
Ernesto Gutiérrez
