Creo que todos sabemos que la calidad del aire en la ZMG ha empeorado en los últimos años, afectando de manera sustancial el medioambiente y con esto, acentuando problemas de salud pública. El aumento del parque vehicular y con esto, la emisión de partículas, además de los efectos de la actividad industrial pueden ser una causa probable. Cerca de 5 millones de tapatíos respiramos un aire que nos enferma y, como muchas cosas, también es responsabilidad del gobierno y de la población. Por lo cual urge tomar acciones permanentes y efectivas para contener y poder reducir el impacto de la contaminación y mejorar nuestra calidad de vida.
El diablo está en los pequeños detalles, dice un amigo, por eso, el programa de “Verificación Responsable” que debería buscar ser una acción para reducir la emisión de contaminantes y conformar un fondo que impulse programas en este sentido, programas que nos ayuden a tomar conciencia sobre la responsabilidad de tener un automotor y cuya prioridad sea el cuidado del medioambiente, antes que la recaudación o peor, sostener un negocio.
El programa de “Verificación Responsable” es un negocio, y aquí un ejemplo.
De los 500 pesos que se le cobrará a los 2.8 millones de autos sujetos a verificar, 140 pesos (más IVA) se destinará a la empresa concesionaria, será su ganancia por casi 15 años. La concesión a esta empresa va más allá de la administración alfarista pues los próximos dos gobiernos estatales tendrán que asumir este acuerdo, sin tener certeza de la calidad del servicio o su eficacia en detectar vehículos contaminantes.
Recordemos lo “beneficioso” de este tipo de “regalos”, no sólo a empresarios sino a las siguientes administraciones, como pasa con Caabsa, que presta un mal servicio, caro y no se puede cancelar porque los contratos están diseñados para beneficiar a la empresa antes que cubrir una obligación del gobierno y dar soluciones al ciudadano.
No sólo se trata de hacer concesiones que no ayuden, sino de ocultar el cómo lo hacen. La constante de las decisiones “históricas” de este gobierno es la opacidad, pues, del cobro de los 500 pesos por vehículo 106 serían destinados al llamado “Fondo Verde” cuyo objetivo es dar al gobierno recursos para implementar políticas públicas para mejorar la calidad del aire. Sólo 106 pesos de cada 500 entrarán a las arcas del gobierno y todavía no sabemos el alcance de este Fondo Verde.
En Jalisco, gana más la empresa concesionaria que el gobierno, todo a costa del medioambiente. Se estima en 110 millones de pesos que pueden ser manejados sin las reglas claras que permitan la necesaria transparencia en un tema tan delicado para la ciudad y el estado.
El siguiente problema viene con la aplicación de multas a partir del mes de marzo para los dueños de vehículos que no acudan o no aprueben la verificación, ¿cuál es el problema? Primero que el gobierno del estado sacó el programa sin garantizar tener la capacidad de atender a todo el universo de vehículos, pues, para junio de 2022 se contaban con 53 líneas de verificación en tan solo 11 centros, mientras que según los datos del propio gobierno se requieren 280 líneas de atención, es decir no llegan ni al 20% de cobertura, pero si habrá sanciones.
¿Por qué si es tanta la convicción de buscar reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida para las y los jaliscienses no se buscó un formato gratuito como se hace en Nuevo León, Colima, Nayarit o Yucatán?
Simular luchar por mejorar el medioambiente, cuando la finalidad es el negocio de unos cuantos es algo que estamos viendo en la “Verificación Responsable” por eso desde Hagamos decimos medioambiente sí, negocio no.
Ernesto Gutiérrez
