La próxima semana el Senado podría abordar el llamado Plan B de la Reforma electoral que fue previamente aprobada por la Cámara de Diputados a finales del año pasado. La iniciativa, considerada una cirugía mayor a la manera y estructura de los procesos electorales en México genera polémica debido a que su discusión se encuentra cuando el proceso electoral de estados clave ya está en curso y sirve como antesala a 2024y, en caso de ser aprobada, aplicaría los cambios para una contienda que se antoja larga, desgastante y tan determinante para nuestro futuro.
Creo que toda ley e institución debe ser reformada y que, si estas reformas apuestan por la ampliación de derechos y mejoran las condiciones de vida de las personas, son más que pertinentes, y hablando de democracia lo es todavía más. Toda reforma electoral, desde la de 1977 ha ido encaminada en este sentido, con tres ejes muy claros: procesos electorales cada más equitativos y confiables, más actores políticos que garanticen pluralidad, competencia y debate y sobre todo, ciudadanos activos, con la responsabilidad de organizar, vigilar y decidir quién habrá de gobernarnos.
Y todas estas reformas han sido impulsadas desde la izquierda con el objetivo de hacer de la nuestra una democracia más funcional. El pasado turbio hizo de nuestras leyes y procesos huraños a la tentación del poder político y un deseo de dominarlo todo y cambiarlo todo, para que todo se mantuviera igual. A mediados de los ochenta, Norberto Bobbio ya se preguntaba cuál era el futuro de la democracia y abiertamente contestaba que no sabía, pero que advertía seis falsas promesas en las que abiertamente creíamos y en ese mismo texto la definía como una serie de reglas que definen el mecanismo en que una colectividad decide quién ocupará los cargos públicos.
Creo que la reforma apunta justo a cambiar ese mecanismo con una serie de disposiciones que afectan a las instituciones que garantizan que estos procesos se realicen, pero además, que la justicia en materia electoral se mantenga en condiciones estables. La reforma no solo cambia la estructura del INE, sino la funcionabilidad de la institución para hacer lo mismo con menos, y zanja un servicio electoral que ha sido referente internacional en materia de democracia procedimental. Desmontar una estructura profesionalizada pero que, en efecto, debe ser analizada y fortalecida, representa un grave riesgo en la forma de hacer las elecciones como las conocemos, la democracia será tan cara como la pensemos, y resultará más cara si se valora lo que cuesta con lo que en verdad vale.
La reforma también cambiará cómo se desenvuelven aquellos actores políticos que buscarán el voto de las y los ciudadanos. Argumentando la libertad de expresión y los derechos políticos, gobernantes y personas clave podrán manifestar sus aspiraciones abiertamente pudiendo usar sus espacios para una promoción personalizada que fue restringida en la reforma de 2007 para, nuevamente, seguir garantizando un piso parejo. La justicia es otro tema fundamental en el futuro de la democracia mexicana donde, a pesar de los avances que hemos tenido en los mecanismos, un alto índice de los procesos electorales terminan judicializados; la reforma en verdad flexibiliza o es permisiva con actos que antes eran objeto de sanciones que iban desde amonestaciones hasta la cancelación de las candidaturas y difumina las atribuciones de un tribunal que, paradójicamente tendrá la centralización como sello.
Estamos ante un momento crucial para el futuro de la democracia mexicana, donde las fuerzas políticas deben estar a la altura para diseñar un modelo al que todos nos ajustemos para que las contiendas sigan siendo confiables, imparciales y sobre todo, en que la ciudadanía esté en el centro de nuestra responsabilidad por hacer de nuestra sociedad más plural, diversa y activa.
El futuro de la democracia se ve incierto por el alcance de las reformas que están a la vuelta de la esquina, no lo digo en un sentido pesimista: el futuro es incierto porque reposa en lo etéreo de lo que no ha llegado a ser. Ojalá esa incertidumbre ayude a las y los legisladores y quienes han promovido este Plan B a que se construya una reforma necesaria pero que también sea pertinente, esto es, que se construya y discuta en un momento que no llene de suspicacia sus motivaciones, y que éstas sean acordes a las que ya hemos vivido, una reforma en que la democracia, esa serie de mecanismos, instituciones, leyes, tribunales y ciudadanía, podamos seguir siendo quienes decidamos por lo que debe ser mejor, no solo para la mayoría, que la democracia siga siendo una la forma que nos ayude a alcanzar y hacer posible ese deseo que todos tenemos, el de poder vivir mejor.
Ernesto Gutiérrez
