Ayer se lanzó un mensaje positivo: el aumento de salario mínimo un 20 por ciento, de 102.68 a 123.22 pesos.
El debate político se centrará en las próximas semanas en si este incremento al punto referencial del precio laboral generará inflación el próximo año ante el crecimiento económico del cero por ciento.
También se debe analizar qué parte laboral tendrá un impacto directo en esta decisión “cuatroteísta” que viene consensuada con la cúpula empresarial; es decir, cuál será el impacto directo en los bolsillos del trabajador.
Las políticas públicas en materia laboral dependen de un montón de factores, y se ven directamente influenciadas por las decisiones en la economía pública. Por ejemplo, la informalidad, que es muy grande, y en donde los estándares oficiales no tienen esa reciprocidad, ni siquiera referencia, no verán los efectos del aumento en el salario mínimo.
Podemos pensar en un chofer concesionado, un albañil, un vendedor de dulces o elotes, el pescador o el oferente de fayuca, por citar algunos.
O en el caso de trabajadores de empleos con percepciones por encima del salario mínimo, pero que no han tenido incrementos sustancioso en años o que tienen condiciones de trabajo vulnerables en otros aspectos.
El gobierno basa nuevamente la sustancia política económica en medidas apremiantes a las clases bajas, como los subsidios sociales, en los que también se involucra al empresariado, lo cual da cierta justicia social, pero acaba por ser muy segmentada.
Algo que sí afecta directamente es el incremento en insumos, como la gasolina o como el reciente aumento a uno de los productos primarios de la canasta básica: la tortilla.
Por otra parte, los gobiernos estatales, principalmente de la oposición, prevén, argumentando los recortes federales, una serie de impuestos y cargos públicos en las áreas de inferencia, que subsanen sus arcas y que en un “doble play” provoquen también un efecto político a su favor, porque en México, todo es política.
Nuevamente, las políticas públicas son reactivas, no proactivas, y aquí puede estar el punto débil.
Sin embargo, insisto, la medida “salarial” es positiva por el entorno en el que se manda, por las condiciones en las que se finca. Pero sigue siendo buena voluntad, ciertamente. _
