El 22 de febrero la Sala Superior del Tribunal Electoral tomó importantes decisiones. Entre ellas resolvió las impugnaciones que se habían presentado contra las modificaciones al Reglamento de Fiscalización del INE.
En términos generales, el Tribunal confirmó las reformas que había aprobado el Consejo General del INE y con ello dejó claras las reglas de reporte de ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos para las elecciones de 2017 y las que tendremos en 2018. La determinación es oportuna porque genera certeza en los procesos electorales.
Dentro de las reglas confirmadas se encuentra una nueva particularidad, como la notificación electrónica para partidos políticos, precandidatos, candidatos y proveedores que participan en los procesos.
No cabe la menor duda de que esta nueva forma de notificación permitirá que autoridades y sujetos obligados cuenten con una vía ágil de comunicación para que la Unidad de Fiscalización del INE esté en posibilidad de informar a sujetos obligados de posibles irregularidades y llevar a cabo las aclaraciones a las que pudiera haber lugar.
Por tanto, se podrá desahogar el derecho de audiencia de una manera más efectiva y expedita con el propósito de concluir con las revisiones en los tiempos que nos ordena la ley.
La Sala Superior fue precisa al definir que la notificación electrónica es una alternativa legal que utilizan diversas autoridades de justicia en el país, incluso el mismo Tribunal Electoral.
Otra regla importante que confirmó es la que dará posibilidad a la Unidad para establecer condiciones que permitan constatar la veracidad y legalidad de contrataciones de propaganda en redes sociales. Previamente se tuvieron casos en Facebook de contratación en línea, en los que el prestador del servicio se encontraba en países como Suecia.
La fiscalización en línea que ordenó la reforma de 2014 será más eficiente; se alimenta con lo que informan partidos políticos y candidatos. A su vez, la Unidad de Fiscalización, en uso de sus facultades de comprobación, determina la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados.
Por ejemplo, en las campañas que están por iniciar en el Estado de México tendremos 249 “monitoristas” que con dispositivos de georreferenciación de publicidad exterior reportarán los hallazgos de propaganda para verificar si se fue debidamente informado de ese gasto.
Cabe decir que todos los candidatos serán rigurosamente auditados con todas las herramientas, procedimientos y mecanismos con los que cuenta la autoridad. Adicionalmente se harán cruces de información con la Comisión Nacional Bancaria y con el SAT para detectar validez de facturas y manejo de cuentas.
En fechas próximas se suscribirá un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para que los estudiantes también nos ayuden a monitorear gastos. La fiscalización de igual forma se hará en Coahuila, con 90 monitoristas; en Nayarit, con 80, y en Veracruz, con 90.
Una de las asignaturas pendientes tiene que ver con el uso de dinero en efectivo en campañas. Poner la lupa en el flujo de dinero en efectivo no es tarea sencilla, los mecanismos de verificación con que contamos se están perfeccionando a efecto de detectar cualquier peso en numerario que circula en las campañas, pero para ponerle un alto al uso no reportado del dinero en efectivo se requiere también una labor de promoción que derive en un cambio de cultura política en partidos y candidatos. Para ello es necesario contar con el apoyo ciudadano en denuncias de posible compra de voto o pagos en efectivo.
Al momento, la Unidad de Fiscalización puede verificar retiros inusuales de efectivo, comportamientos económicos de los sujetos obligados que se salen de toda lógica; no está limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Existe la obligación de que la mayor parte de las operaciones sean bancarizadas. Aun así, necesitamos de una ciudadanía que participe denunciando, señalando prácticas sospechosas en el uso de recursos por parte de los actores políticos para que juntos construyamos un modelo de fiscalización que ayude a construir democracias cada vez más racionales en cuanto al dinero que en ellas invierten los ciudadanos.
Más allá del debate relativo a la pertinencia o no de la fórmula que determina el monto del financiamiento público para partidos, una fiscalización que aspire a la eficacia deberá generar los incentivos necesarios para que el dinero público y el privado que ingresan y se emplean en la política procedan de fuentes lícitas.
La relevancia de la fiscalización ha encontrado en el debate público un lugar de privilegio incuestionable. Auditar precampañas, campañas y periodos de gasto anualizado de partidos y candidatos es una tarea que muestra al público su verdadero comportamiento económico y permite transparentar sus maneras de financiamiento.
Un aspecto relevante sobre la importancia social de la fiscalización se relaciona con el hecho de que las millonarias multas que se imponen a partidos y candidatos son destinadas a financiar tareas sustantivas de investigación y desarrollo científico.
La fiscalización es ya una tarea central del quehacer institucional del INE. El modelo se construyó en 2014 y ha ido perfeccionándose. Para 2017, con elecciones en cuatro entidades, contamos con el apuntalamiento ciudadano, de medios de comunicación, de observadores electorales, universidades con las que firmaremos convenios y con autoridades electorales locales, lo que permitirá auditar adecuadamente los procesos en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
El uso del dinero no debe ser factor de inequidad, pero tampoco de cuestionamientos de legitimidad de candidatos y autoridades electorales. Habrá que actuar con la mayor madurez posible.
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