Las formas de violencia se cuelan hasta en los espacios aparentemente libres de ellas y ocurren bajo el amparo de las autoridades y el silencio de los cómplices. Tal es el caso de muchas instituciones educativas en donde incluso hablar del tema causa escozor e incomodidad.
No hay nada que sin hablarlo se remedie, por ello, es preciso abordar el tema de la violencia, particularmente hacia la mujer, en los espacios educativos donde reiteradamente alumnas, maestras y personal administrativo sufren conductas de acoso u hostigamiento que se han llegado a normalizar y formar parte del espíritu universitario pero que hieren y urgen a su visibilización, reconocimiento, atención y erradicación.
Cada ocho de marzo se repiten patrones ajenos a la verdad y cargados de emociones, no siempre bien canalizadas. Desde tendederos hasta performances las mujeres encuentran maneras de dejar fugar sus odios, rencores y hasta temores y se sienten respaldadas por quienes se unen a sus denuncias colocando fotos de reales o supuestos acosadores y/o violadores y arremeten lo mismo contra alumnos que contra profesores o autoridades. Ese día, todos caen porque ese día ellas mandan.
El problema de estas costumbres que se van copiando de institución en institución no es el fondo que contienen sino la forma en que se presentan. La exposición pública y masiva de hombres señalados de cometer actos en contra de la integridad de la mujer tiene algo de bondadoso en cuanto que trae a la luz aquello que quizá, de otra forma, seguiría quedando oculto, pero también hay mucho de macabro en ello pues pueden ser sólo chivos expiatorios que aparecen “colgados” o “pegados” en muros sólo por haberle dicho que no a una mujer, por no haber cedido ante las presiones por obtener una mejor calificación o simplemente porque en la fiesta o en el antro el desdén carga ahora culpabilidad.
Ante la emoción y la carga simbólica de “tomar venganza” por parte de las mujeres cada ocho de marzo se pueden difamar y lastimar reputaciones de años de colegas o compañeros, las consecuencias pueden ser atroces tanto para víctimas como para victimarios y, en último lugar, también para las instituciones.
Se deben denunciar, sin duda alguna y siempre, los casos atentatorios de las mujeres y estos de deben ser investigados a fondo y severamente sancionados pero para ello es necesario que las instituciones educativas cuenten con protocolos específicos que atiendan rápida y sin dilaciones las quejas de las mujeres que estudian o trabajan en ellas, que se separe inmediatamente y aún ante al duda, a la víctima del real o supuesto agresor y se le brinden mecanismos de protección especiales y de estrecho seguimiento, que procedan las sanciones correspondientes en el menor tiempo posible y que quienes realizan las investigaciones sean imparciales y, de preferencia, ajenos a la institución. Sólo garantizando esto, esas manifestaciones desbocadas de odios y resentimientos se transformarán en conductas y actos que pongan punto final a la violencia dentro de los centros educativos.
En un estudio publicado por Helena Varela en 2020 , se analizaron 35 universidades públicas de la República Mexicana y 10 universidades privadas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, para detectar, entre otras cosas, si contaban con protocolos y/o instrumentos especificos de atención de casos de violencia de género. De las 35 universidades públicas estudiadas,17 no contaba con protocolos ni instrumentos específicos, 10 sí y 8 contaban con instrumentos parciales. De las diez universidades privadas analizadas, 6 contaban con protocolos, sólo desde el año 2016 y 4 no cuentan con ninguno.
Lo anterior deja ver cómo las universidades pueden convertirse en espacios que faciliten que la violencia pase desapercibida por entre sus muros. Urge generar foros abiertos para escuchar a las víctimas, para dialogar sobre propuestas de atención y mecanismos de protección y hacerlo pensando en toda la comunidad de tal manera que el horror de unas no se perpetúe en el temor de todas.
Ma. Elizabeth de los Rios Uriarte
