Los discursos maromeros que quieren hacer creer que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena no altera su naturaleza civil son una desfachatez.
Ayer escuchamos estas posturas en el pleno de la Corte. Por fortuna, las menos. Por desgracia, la de un hombre capaz.
Si hay alguien que hizo una gran defensa en 2018 en contra de los embates militaristas priistas fue Arturo Zaldívar.
En estas páginas de MILENIO, el 27 de noviembre de 2018, recordó cuando la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Señaló que desde su punto de vista “bajo la fachada de normar la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, lo que en realidad hacía era regular una función de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas, en un verdadero fraude a la Constitución… de manera subrepticia la ley autorizaba que las fuerzas armadas llevaran a cabo tareas que materialmente son de seguridad pública, llamándolas simplemente acciones de seguridad interior, con la única finalidad de eludir el mandato constitucional de que las funciones ordinarias de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles”. Y continúa: “La regulación tenía como propósito hacer una cosa distinta a la que se pretendía, encubriendo una autorización a las fuerzas armadas para realizar tareas para las que no tiene competencia constitucional”.
¿Y qué es lo que pretende ahora Morena-gobierno? ¿En estos tiempos sí está permitido encubrir y engañar, de manera subrepticia, con nuevas fachadas de GN?
Este lunes, el ministro declaró: “el hecho de que la Secretaría de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles cuyos titulares son secretarios del despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el Presidente de la República”.
De Yasmín Esquivel no sorprende. Pero, ¿de Zaldívar?
Siguiendo al Arturo de hace cinco años, desde mi punto de vista estas nuevas leyes del régimen obradorista que pretenden normar la seguridad pública con militares camuflados bajo la fachada presidencial es un verdadero fraude a la Constitución.
Una desvergüenza, la verdad.
Aquí entre nos
Hoy continúa el debate en la SCJN. Ojalá el ministro Zaldívar se escuche en el tiempo antes de emitir voto alguno. Se le extraña.
