Desde las pasadas campañas electorales por la Presidencia de la República fue Andrés Manuel quien determinó la agenda del debate, y como Presidente sigue haciéndolo; no deja de aprovechar los acontecimientos de mayor impacto social para, con base en sus convicciones, condenar el antiguo régimen y criticar la corrupción, de manera particular la del aparato judicial.
Es decir, la corrupción en la que presuntamente participan jueces y fiscales. Pues, como es sabido, todo tipo de corrupción –y mucho más la judicial y ministerial–, es sigilosa, se mueve como un fantasma, entra y sale de todas partes sin que nadie la vea.
Tan pobres estamos de falta de foros de debate sobre los problemas nacionales y regionales que, como un castigo para quienes odian al Presidente, hoy en día los debates, o intentonas de debates de la vida nacional solo tienen como única plataforma de generación en la mañanera.
La última intentona de debate, generada en la mañanera de ayer a raíz del lamentable feminicidio de Ariadna Fernanda López, es el de los fiscales transexenales de las entidades de la Federación y los fiscales anticorrupción.
“¿Qué hacer con los procuradores?” Se preguntó Andrés Manuel. A lo que respondió que cuando se decidió dotar a los fiscales generales de autonomía fue un error no haber pensado en el tiempo de su encargo. Ello debido a que el promedio que éstos duran en el puesto es de ocho años, y en el caso del fiscal general de Guanajuato ya tiene 14, y sin buenos resultados.
“Si no hay buenos resultados deberían de renunciar; pero ahí están aferrados y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian con la delincuencia”, dijo el Presidente, al parecer en alusión al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, sobre quien la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó caer la sospecha de presunto encubridor del presunto feminicida Rautel “N”.
Contrario a lo que dice el Presidente respecto a que no se pensó en que es mucho el tiempo que los fiscales duran en su encargo, tiempo durante el cual, si no hay buenos resultados nos tenemos que aguantar, a diferencia del sector privado, donde si un gerente de una empresa no rinde buenos resultados lo corren, yo creo que sí se pensó muy bien. Pero, obviamente, no se pensó en los justiciables, sino en quienes necesitan que les cuiden las espaldas al terminar el sexenio.
Si esta última intentona de debate del Presidente llegara a convertirse en un verdadero debate, muy probablemente se tendría que concluir que el verdadero problema en México para desterrar la corrupción del aparato judicial no es dotando a los fiscales de autonomía –soy de la idea de que la Fiscalía debe ser un órgano que esté bajo la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo–, sino más bien la falta de respeto y obediencia a la ley.
En la cultura de la clase política mexicana se tiene a la “lealtad” (entendido este concepto como sinónimo de complicidad) y la “confianza” en la persona que recomienda a alguien para un cargo público, los rasgos más importantes que se toman en cuenta para elegir, entre varios aspirantes, a la persona “idónea” para un cargo en el gobierno, sirva o no para ese cargo.
Además, ya estando en el gobierno se obedece a la persona, no a la ley. ¡Cuando la obediencia a la ley se coloque por encima de la voluntad impositiva del poder fáctico o político que hizo posible el acceso al cargo público, entonces sí creeré en la autonomía de los órganos que hoy se dice que son autónomos!
Efrén Vázquez Esquivel
