La interrupción en el año 2000 de más de 70 años de dominación priista, por medio del triunfo electoral de Vicente Fox, no trajo consigo ningún signo de crisis del sistema de justicia electoral, como sí la produjo, desde el inicio del proceso de las elecciones intermedias, el arrollador triunfo de AMLO de 2018.
¿A qué se debe esta diferencia?
Probablemente a la compatibilidad doctrinaria en materia económica del PRI y el PAN. Como es sabido, desde el triunfo electoral de Salinas de Gortari, las cúpulas de estos organismos políticos se comprometieron a impulsar un modelo de estado neoliberal; de ahí que Fox no representó ningún peligro para México.
En las elecciones presidenciales de 2006 aconteció lo mismo. El peligro para México, que unificó mucho más al PRI y al PAN, se escuchó más fuerte; y, “aiga sido como aiga sido”, al final de la contienda el IFE le alzó la mano a Felipe Calderón.
Pero en 2018, el arrollador triunfo electoral de AMLO no posibilitó hacer lo mismo, e irremediablemente cambió la situación; su proyecto de nación fundado en el sentido original de los principios de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución (normativas que fueron reformadas en el 2014 para concluir el desmantelamiento del estado de bienestar), vino a obstaculizar el desarrollo de las políticas neoliberales de los últimos cinco sexenios.
Con esta obstaculización, aunada al perverso sistema de “cuotas y cuates” en la selección de los consejeros electorales del IFE y posteriormente del INE, las nuevas atribuciones otorgadas a dichos consejeros; el inamovible arcaico sistema de selección de juzgadores y acceso a la judicatura (de manera particular los que se ocupan de la justicia electoral); los privilegios perdidos por algunos grandes empresarios y consorcios; la política de reducción de desproporcionados emolumentos de altos funcionarios públicos, entre otros factores generados por la 4T, han provocado en los órganos de justicia electoral una de sus más grandes cuarteaduras de la historia.
En este nuevo contexto sociopolítico en el que no están amenazadas las estructuras económicas capitalistas, el PRI, el PAN y el cadáver del PRD, aliados a los poderes fácticos, buscan por todos los medios crear en la conciencia de los ciudadanos la idea de que AMLO es un dictador igual que Chávez y Maduro que sin duda nos lleva al comunismo.
¡Cuando los demonios andan sueltos, hasta con el petate del muerto se quiere asustar!
Tan absurdos son los sambenitos que le cuelgan a AMLO por implementar programas sociales que, para asustar con el petate del muerto, se equipara el estado social de derecho con el comunismo; ello no obstante que, con la crisis de la pandemia, en busca de prevención de nuevas crisis de salud en el mundo se voltea a ver este denostado modelo de estado.
Esta situación ha metido a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en general en una aguda polarización ideológica en la que nadie se quiere quedar afuera, ni los juzgadores, incluyendo los del Tepjf; ni tampoco los consejeros del INE.
Nada de esto provocaría temor e incertidumbre si contáramos con un Poder Judicial autónomo, fuerte y certero en sus resoluciones y, por ende, merecedor de la confianza ciudadana; si, de la misma manera, contáramos con consejeros electorales del INE y magistrados del Tepjf con el perfil idóneo para el cargo que desempeñan; pero para ello se tendrían que cambiar los criterios de selección y acceso a los órganos de justicia, incluyendo la electoral.
También tendría que revisarse la figura jurídica de consejero electoral, aparecida en 1994 con el falso ropaje de “ciudadanización de los procesos electorales”. En un principio, la facultad de éstos era organizar la elección; posteriormente, sin considerar cuestiones del perfil idóneo, se les atribuyó muchas más funciones, inclusive la función jurisdiccional.
Por disposición de ley no es necesario ser licenciado en derecho para ser consejero electoral. Y si a esto se añade (1) que las escuelas de derecho solo forman abogados con diferentes especializaciones, por lo general con base en teorías ya derrumbadas; (2) que la profesión de abogado es diferente a la profesión de juez, ya que ésta precisa de saberes esenciales e instrumentales especializados, de una sólida formación hermenéutica y deontológica para controlar los prejuicios e interpretar correctamente la ley; y (3) que dichos saberes no se enseñan en ninguna escuela, pues, entonces, ¿cómo pedir peras al olmo?
Efrén Vázquez Esquivel
