Se cumple un mes del desbordamiento del río Tula y ni la Comisión Nacional del Agua, ni los representantes del gobierno federal en Hidalgo se han tomado la molestia de brindar un informe pormenorizado de los hechos y mucho menos se han encontrado a los culpables de la tragedia, pero los hay.
La omisión, la negligencia, la falta de información, el bajo perfil, provoca que funcionarios sin experiencia o con poca capacidad estén al frente de la toma de decisiones en el país y el resultado es lo ocurrido en Tula el 6 y 7 de septiembre.
A la fecha, nadie de los más de 30 mil damnificados ha recibido una disculpa pública para empezar, y las autoridades siguen esperando a que se organice la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para ahora sí, aparecer en las fotos y fingir que están trabajando. Da coraje escribir esto porque son muchas las personas que no solo perdieron patrimonio, sino que su rutina se vino abajo, la vida que comenzaba a tomar su cauce normal, y los grupos más vulnerables, las madres, los más pequeños, los estudiantes, las adultas mayores que cuidan de sus nietos, a ellos nadie les responde por lo ocurrido con el tema de las lluvias. Si bien se excusa todo bajo el argumento de que la naturaleza fue la culpable, sigue resultando extraño porque ahora con las mismas lluvias del Valle de México la parte que se está inundando es Querétaro y no Hidalgo. ¿Quién decide qué compuertas abrir o a dónde desfogar el agua residual de la Ciudad de México? La presidencia municipal de Tula sigue ahí entregando enseres y tapando hoyos para que no se hable mal, pero tampoco sirve de mucho. Lo mismo con los diputados locales que piden que haya respuesta y nadie les hace caso. Parece que la única vía es la de la colectividad y la intención de ingresar una demanda para la reparación por daños que debe efectuar el Estado mexicano, ante la omisión de todos en agravio de los habitantes de Tula y sus alrededores.
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