Con el inicio del gobierno de Julio Menchaca Salazar en Hidalgo, comenzó la investigación de presuntos desvíos de dinero, incluso ese fue el tema principal de la primera conferencia que tuvo, ya como mandatario, con medios de comunicación en el estado.
Desde entonces, los temas principales en las redes, en charlas de café, en columnas de opinión política locales, son el combate contra la corrupción, la presunta persecución a funcionarios de la pasada administración con Omar Fayad y la búsqueda y castigo a los responsables del saqueo a las arcas públicas y la percepción de que ahora todo eso va a cambiar.
Sin embargo, qué le está dejando a Hidalgo la imagen permanente de un estado donde se persigue la corrupción mediante el uso de la Procuraduría de Justicia, con todo lo que eso conlleva, pues se liberan órdenes de aprehensión de forma sorpresiva, se aplica el famoso y clásico “cantonazo” en las oficinas de ayuntamientos y se amaga con ir hasta las últimas consecuencias y dar con ex servidores, estén o no en el estado.
Lo primero a considerar sería que Hidalgo tiene que limpiar una imagen de entidad priista donde todo se puede mediante el pago de cuotas, donde el que más tiene es el más poderoso y donde manda el dinero.
Lo segundo es que para atraer más inversión y consolidar proyectos tan grandes como la llegada de Tesla o la apertura de empresas nacionales e internacionales, debe existir la confianza de quienes lleguen con su capital y generen empleos.
Perseguir la corrupción en Hidalgo, se supone que es para mejorar, no para dar una mala imagen; y es que muchos se quejaron que a la llegada del fiscal Santiago Nieto, comenzó una política de terror para quienes estuvieron al frente de dependencias y oficinas en la pasada administración, y que probablemente estén siendo investigados.
Asuntos como la “estafa siniestra”, conducido de inicio a fin por la política del actual gobierno, dan el ejemplo de que no todo lo que persigue termina siendo benéfico, pues quizá para muchos inversionistas, no sea tan atractivo llegar a un municipio donde el presidente municipal esté en prisión o haya un caos político, social y económico por solventar.
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