El 13 de febrero de 2014 escribí en este mismo espacio el tema de la fragilidad del estado ante la inseguridad provocada por el crimen organizado y el riesgo que representaba la defensa de la libertad de expresión ante un país sitiado por la violencia. Parece que muy pocas cosas han cambiado desde entonces. De 2000 a la fecha, organizaciones como Artículo 19 llevan la cuenta de 141 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 130 son hombres y 11 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 21 en el actual de Andrés Manuel López Obrador, detallan en la web de la organización. Sin embargo, el propio gobierno federal actualizó sus cifras y dijo que en México al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante la gestión de AMLO. Las amenazas que ayer se difundieron en medios de comunicación contra la periodista Azucena Uresti y Grupo MILENIO no son más que el reflejo de un vacío en el poder, como en cada sexenio, que nos dejan con la misma impresión de que solo se simula el combate al crimen.
Por años y gobiernos se crean fideicomisos, programas, mecanismos y la realidad es que no pasa nada, más que escenarios de violencia como en Michoacán, Guanajuato, Chiapas, y ni qué decir de los territorios que siguen en disputa en el país. En Hidalgo, desde agosto de 2012 se publicó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo que, de acuerdo con el texto original del Congreso estatal, ordenó crear el “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Colaboradoras Periodísticas”.
Eduardo González
Twitter: @laloflu
