En épocas donde se jactan los grupos políticos de ser la voz del pueblo y los intérpretes de la ley y la justicia en México, debería también ponerse en la discusión pública el tema de las noticias falsas o “fake news”.
Por todos es sabido que la desinformación afecta la democracia del país y no es nuevo que se difundan datos sin elementos, encabezados modificados o videos con voces de androides diciendo cosas que no son ciertas.
Ante ello, en días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizó una mesa de diálogo en la que planten la necesidad y posibilidad de crear una alianza entre autoridades, medios de comunicación, la academia y sociedad civil, con la finalidad de contribuir a inhibir las “noticias falsas” y difundir a la ciudadanía información verificada.
Como resultado se propone tener más cuidado o precaución al difundir, observar las plataformas de redes sociales y su uso, así como dar vista a las autoridades cuando sean entes públicos, partidos o contendientes quienes promuevan este tipo de información; sin embargo, no hay elementos para elevar una sanción o poner un alto mediante multas o castigos.
¿Es prudente pues decir o pedir que se avalen sanciones como lo estipula la ley en delitos como la difamación y la calumnia?
Hay que recordar que en varios estados ya no existen dichas tipificaciones, por lo que la solvencia legal con la que ahora se puede escribir desde perfiles no verificados, subir noticias en Facebook, colocar un tuit o hacer una analogía de 30 segundos en un video de Tik Tok, puede llegar a desinformar e influir en la opinión tendiente a la participación o preferencias de una votación.
Por parte del Tribunal Electoral, el magistrado Felipe De la Mata Pizaña aclara que la definición de las noticias falsas es muy amplia, pero desde los tribunales electorales se ha buscado no caer en la censura.
Por lo que existe una jurisprudencia para no imputar a los periodistas, especialmente en procesos electorales, pues los límites de la libertad de expresión y las “noticias falsas”, jurídicamente hablando, no tienen una solución clara.
Eduardo González
Twitter: @laloflu
